Las labores de intermediación y asesoramiento de la oficina provincial de Sevilla del Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía han contribuido a evitar que 495 familias abandonen sus hogares en los primeros ocho meses de funcionamiento. "Son personas que ya han entrado en mora con la entidad financiera, y por lo tanto están en mayor o menor riesgo de desahucio, y que acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda. En todos los casos estas familias permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo de evitar desahucios que nos marcamos cuando pusimos en marcha esta iniciativa", ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha firmado en Dos Hermanas la adhesión del Ayuntamiento al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Este municipio sevillano se ha convertido en el de mayor población en sumarse a la iniciativa.

“Hay alternativa a las políticas conformistas”

En Sevilla se han adherido ya 27 municipios, de un total de 206 en toda Andalucía, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Cortés ha agradecido al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, "su compromiso con las víctimas de la crisis" por la adhesión al programa, que entró en vigor en octubre de 2012 y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado día a día que la que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada y que sí hay alternativa a las políticas conformistas".

669 expedientes
La oficina de Sevilla ha recibido desde su apertura 1.243 visitas y ha abierto 669 expedientes, 112 de ellos en el área de prevención, 495 en la de intermediación y 62 en la de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que "temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen", ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben "información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda".

Fase de intermediación
En la fase de intermediación, por su parte, han acudido a las oficinas 495 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina o bien a negociaciones con las entidades financieras que han desembocado en forma de soluciones como renegociaciones del préstamo, carencias, daciones en pago con o sin alquileres sociales o reestructuraciones de deuda, entre otras. "Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa y tanto este decreto como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo hacen más fuerte este programa contra los desahucios, al proporcionarle más herramientas de defensa a las familias", ha incidido Cortés. La consejera ha afirmado que las oficinas constituyen la puerta de entrada de las familias que pretenden acogerse a la expropiación del uso de las viviendas que les hayan sido embargadas por lo bancos, al objeto de evitar su desahucio.

“Iniciaremos los trámites para le expropiación temporal”
"En los casos en que cumplan los requisitos socioeconómicos establecidos, iniciaremos los trámites para expropiar temporalmente las viviendas y ofrecer un respiro a las familias que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha explicado Cortés, que ha instado al Gobierno central a "desistir" de la presentación del recurso ante el Constitucional.

62 personas en fase de protección
En la fase de protección, han acudido a la oficina 62 personas. En estos casos, la mediación de la Consejería abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta solicitar a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.

Para que "haya más vivienda en alquiler a precio asequible"
"Además de estas oficinas, que ofrecen una atención paliativa, exprimimos nuestras competencias para atacar la raíz del problema", ha señalado Cortés, que ha afirmado que ésa es precisamente la pretensión del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. "En la provincia de Sevilla hay casi 130.000 viviendas vacías, una cifra inasumible desde todos los puntos de vista", ha señalado Cortés, que ha recordado que la normativa establece sanciones para bancos e inmobiliarias que no pongan en alquiler sus viviendas vacías, así como incentivos para personas físicas. "Pretendemos modificar el comportamiento del mercado, y hacer que haya más vivienda en alquiler a precio asequible", ha concluido la consejera.