¿Está la juez María Núñez Bolaños retrasando deliberada e injustificadamente la instrucción de casos de alto voltaje político como los ERE, IDEA o Avales? Los seis fiscales anticorrupción de Sevilla piensan que sí y su jefe nacional, Alejandro Luzón, piensa lo mismo: ayer presentó una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el "retraso injustificado" en la tramitación de esos casos.

Entiende el Ministerio Público que Núñez Bolaños podría haber cometido una falta grave o muy grave, hasta el punto de que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

Disparidad de criterios

La denuncia podría llegar costarle la carrera judicial a Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya al frente del juzgado y pronto evidenció que sus criterios en la instrucción de algunas de las causas heredadas no coincidían en absoluto con los de su predecesora, cuyos autos inculpatorios sí fueron casi siempre del agrado del Ministerio Fiscal. Lo fueron incluso en casos señalados como Mercasevilla que se saldaron con absoluciones masivas.

La magistrada se encuentra de baja desde hace dos semanas por razones que no han trascendido, aunque sí es conocido que su madre falleció recientemente.

'La juez deshonesta'

La guerra abierta de la Fiscalía contra Núñez colmaría en alguna medida las aspiraciones revanchistas de la derecha judicial, política y mediática. Titulares de trazo grueso, informaciones parciales, comentarios sesgados, insinuaciones maliciosas... todo parece ser lícito contra la juez, a quien esta misma mañana el periodista de la COPE Carlos Herrera responsabilizaba incluso de que el caso de los ERE pudiera queda finalmente "en nada", cuando en realidad la pieza principal -con dos expresidentes de la Junta en el banquillo- ya ha sido juzgada y está pendiente de sentencia judicial.

En la misma emisora eclesiástica, días atrás el periodista Luis del Val comentaba, a raíz de las quejas de los fiscales de Sevilla, que la conducta de Núñez "hace pensar a muchos que se trata de una juez prevaricadora y deshonesta, que parece más propicia a encubrir delitos que a castigarlos".

El acoso

El acoso de los medios conservadores a la magistrada tuvo uno de sus momentos estelares en noviembre de 2017, cuando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria tuvieron que salir en defensa de la juez a raíz de que el PP presentara un extravagante incidente de recusación por formar parte una cuñada de Núñez de la plantilla de IDEA.

Ambas asociaciones exigieron "el máximo respeto" a la instructora "ante la difusión en varios medios de comunicación de informaciones poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada". Los compañeros de Núñez se referían a informaciones periodísticas procedentes del escrito de recusación del PP, que fue derrotado en los juzgados pero arrasó en la prensa conservadora.

Imposible investigar

En relación a las motivaciones de la Fiscalía Anticorrupción para denunciar a la juez ante el Poder Judicial, Luzón interpreta que "está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos".

La decisión del Fiscal Jefe Anticorrupción culmina la ofensiva desencadenada días atrás por los seis fiscales del departamento destinados en Sevilla, enfrentados con la juez al entender que dilata deliberadamente la práctica de determinadas diligencias solicitadas por los acusadores públicos, que temen la prescripción de los presuntos delitos.

El historial de desencuentros de Núñez con los fiscales Anticorrupció es largo, pero tambien ha habido importantes coincidencias, como la de los cursos de formación, cuya pieza política fue archivada en 2016 por Núñez a instancias de la Fiscalía en un auto que para el PP rozó la humillación, ya que sus dirigentes habían cifrado reiteradamente el fraude en no menos de 3.000 millones de euros.