A la juez María Núñez Bolaños no le está saliendo precisamente gratis haberse atrevido a pinchar algunas de las causas judiciales promovidas por su antecesora Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla contra la Junta de Andalucía y que tanto juego político le han dado a la derecha en los últimos años.

La persecución implacable del PP y el tenaz acoso de la derecha mediática a la magistrada se han apuntado esta semana un tanto decisivo al revelar el digital El Independiente que los seis miembros de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla han censurado agriamente a Núñez en un escrito remitido al jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que denuncian supuestas irregularidades cometidas por la juez en la instrucción de las macrocausas heredades de Alaya.

Baja laboral

Los fiscales entienden que Núñez habría decidido sin suficiente fundamento numerosas desimputaciones o habría dilatado determinadas diligencias, lo cual pondría en riesgo el esclarecimiento definitivo de casos como los ERE o los avales de IDEA.

El fiscal jefe podría trasladar el escrito de sus subordinados de Sevilla al Consejo General del Poder Judicial, que llegado el caso debería decidir si toma alguna medida disciplinaria contra Núñez. De las macrocausas que investigaba Núñez se ocupará ahora el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.

Un día antes de que se hablara del escrito de los fiscales, cuyos detalles se desconocen, María Núñez solicitaba la baja laboral por razones médicas que no han trascendido. Sí se conoce que la madre de Núñez ha fallecido recientemente.

¿Una causa general?

Fuentes del colectivo profesional de los fiscales consultadas por este periódico aseguran no recordar un precedente similar en el que todos los fiscales arremetieran unánimemente contra una juez. Lo insólito del escrito de los fiscales es su sesgo de ‘causa general’ contra Núñez, ya que en otras ocasiones recurrieron autos de Mercedes Alaya, pero se trató siempre de decisiones tasadas y referidas aspectos muy concretos de una instrucción.

En general, la Fiscalía solía compartir los criterios de Alaya en la instrucción de macrocausas como los ERE, IDEA, Mercasevilla o los cursos de formación, aunque ello no impidió que en varias ocasiones la investigación se saldara con el archivo o, tras el juicio oral, con absoluciones masivas.

Cuando sí arremetió de forma unánime el Pleno del Consejo Fiscal contra Alaya fue hace un año, a raíz una conferencia de la juez en el Club Siglo XXI donde dijo que ceder las investigaciones a la Fiscalía en un procedimiento contra la corrupción sería “un hachazo a la independencia judicial" y algo así "como tener al lobo metido dentro del gallinero”.

Historia de una obsesión

La obsesión del Partido Popular contra la juez María Núñez viene de lejos. Sus criterios de instrucción diferentes, y en más de un caso contrarios, a los de su antecesora Mercedes Alaya han encorajinado al PP hasta el punto de intentar en varias ocasiones y con diferentes tácticas desacreditar o expulsar a la magistrada de las macrocausas heredadas de Alaya y en las que la formación conservadora está personada como acusación.

El último intento de los abogados del PP fue en mayo pasado: elevó a la Audiencia de Sevilla un escrito solicitando que investigara a Núñez por si, en el caso de los avales de la agencia IDEA, pudiera haber cometido “prevaricación, desobediencia y retardo malicioso” en la administración de la justicia.

La maniobra del PP coincidía en el tiempo con la nueva posición en el caso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al sumarse a la petición de archivo formulada por las defensas de varios ex altos cargos autonómicos. Tanto el PP como el Gobierno han tenido muchas dificultades para explicar la contradicción de sostener una cosa como partido y la contraria como Gobierno en un mismo caso.

El escrito del PP argumentaba que Núñez, de manera “consciente y deliberada”, ha estado desobedeciendo las instrucciones de la Audiencia de acelerar diligencias y entregar documentación relacionada con la concesión supuestamente ilícita de avales y préstamos a empresas.

El PP ya intentó acabar con Núñez, primero en el caso de los cursos de formación, donde la codicia acusatoria de Alaya se vería finalmente frustrada en los sucesivos archivos judiciales, y después en otra de las piezas de la investigación sobre la agencia IDEA.

En febrero de 2017, el PP presentada en la Audiencia de Sevilla un durísimo recurso contra el archivo de la pieza política del caso de la formación, que involucraba a 24 ex altos cargos de la Junta. El escrito, también tumbado en su día por la Audiencia, exigía nada menos que la reapertura de la causa y “la nulidad de todo lo actuado" por la magistrada, cuya instrucción el PP consideraba “parcial” y “sesgada”.

Defensa de Núñez

El historial de acoso a Núñez es largo. En noviembre de 2017, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria tuvieron que salir en defensa de la juez a raíz de que el PP presentara ese incidente de recusación por formar parte su cuñada de la plantilla de IDEA.

Ambas asociaciones exigieron "el máximo respeto" a la instructora "ante la difusión en varios medios de comunicación de informaciones poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada". Los compañeros de Núñez se referían a informaciones periodísticas procedentes del escrito de recusación del PP, que fue derrotado en los juzgados pero arrasó en la prensa conservadora.