No es la primera vez –todo lo contrario– que Gabriel Amat aparece en titulares periodísticos vinculado a la corrupción política y urbanística, pero tal vez sí la primera en que las pruebas aportadas por los investigadores policiales son difícilmente rebatibles. El del político granadino afincado en Almería es un caso singular: pocas veces la justicia habrá armado tanto ruido y obtenido tan pocas nueces.

En esta ocasión, el impacto político y la relevancia judicial de los ‘recibís’ del PP de Almería contabilizando donaciones en B de la constructora Hispano Almería para campañas electorales del partido serán difíciles de esquivar incluso para un político con tantas y tan acreditadas habilidades como las que adornan a Amat, a quien años atrás Mariano Rajoy definía como “un tío estupendo” y Javier Arenas como su "hermano mayor”.

Según las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, del que es alcalde Amat, otorgó contratos “de antemano” a la constructora Hispano Almería por valor de 77 millones de euros. A cambio, la firma habría abonado decenas de miles de euros en comisiones que cobraron funcionarios municipales, políticos y el propio PP.

Aun así, la posición oficial del PP andaluz es de cierre de filas en torno a su presidente en Almería: la secretaria general, Loles López, ha dicho este martes que, a día de hoy, Amat "no está investigado" en ningún procedimiento judicial.

Muy querido en el PP

El pope del PP almeriense, cuya economía familiar está más que saneada, siempre ha sido muy estimado en el partido: hay quienes le atribuyen generosas donaciones a la organización y quienes aseguran que, como tantos ricos, Amat no regala su dinero así como así.

Sea como fuere, en la campaña de las municipales de 2011, María Dolores de Cospedal se preguntaba quién había sido “el mejor alcalde de la historia de Roquetas”. Gabriel Amat, se contestaba ella misma. Unos años antes, en 2006, Javier Arenas lo había definido como el político "más honrado del mundo”.

Cerca de una década –al menos desde 2012– lleva la justicia investigando al alcalde de Roquetas de Mar, en algunos momentos pisándoles los talones y en otros –los más– dictando el sobreseimiento de causas por falta de pruebas. Su apretado historial judicial puede ser consultado aquí.

Cascada de archivos

La última buen noticia judicial para el veterano Gabriel Amat Ayllón (La Rábita, Granada, 1944) se conocía hace apenas tres semanas, aunque se refería a una investigación judicial distinta de la que ahora está poniendo al político contra las cuerdas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas –el caso Halsa lo investiga el Juzgado 3– acordaba el sobreseimiento provisional de seis causas penales incoadas contra él al no advertir “indicios de comisión delictiva alguna, beneficio ilícito o ventaja en ninguno de los negocios examinados”.

El archivo de esas seis se unía al de otras 18 causas sobreseídas con anterioridad de un total de 25 abiertas, de las cuales solo una sigue viva: el objeto de todas ellas era investigar las cuentas del espeso entramado de más de un centenar de sociedades mercantiles cuya propiedad estaba vinculada a Amat o a familiares suyos. 

Coincidiendo con la Fiscalía, entendía el juez en el auto conocido el pasado 1 de septiembre que los vínculos de Amat con las empresas investigadas “no parecen en sí mismos motivo suficiente para argüir la existencia de actividades delictivas”.

La macrocausa, dividida en 2017 en esas 25 piezas separadas y sucesivamente archivadas, había tenido su origen en el año 2012 en el denominado caso La Fabriquilla, relativo a la concesión de una licencia urbanística merced a la cual se construyeron diez chalés de lujo.

Asalto a AMAyT

Por lo demás, uno de los últimos contratiempos de la justicia para hacer bien su trabajo tenía lugar en noviembre del año pasado: la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), principal promotora de las denuncias contra Amat, denunciaba ante la Guardia Civil el robo de 13 archivadores en su despacho jurídico, donde se guardaban gran partes de los expedientes en los que participaba la asociación.

Entre el material sustraído “había un archivador con varios CD y documentos sobre asuntos que afectan personalmente a varios políticos, empresarios, jueces y fiscales almerienses que nos han hecho llegar anónimamente y que estaban en estudio para su denuncia", denunciaba el letrado de AMAyT.