El Gobierno andaluz tiene prisa en que cuanto antes el sector turístico empiece a recuperarse del mazazo del coronavirus. La Junta no quiere esperar al 8 de junio, fecha de inicio de la tercera fase de la desescalada, para abrir las playas al baño. Su propuesta es que estén abiertas el 25 de mayo, dada la buena evolución de la pandemia en Andalucía.

Así lo ha adelantado hoy el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que ha ofrecido garantías de que la apertura se llevaría a cabo cumpliendo rigurosas medidas de seguridad: guardar la distancia de dos metros, establecer puntos de acceso para controlar el aforo, señalar vías de entrada y salida siempre que sea posible, cribado de la arena cada día, implantación de horarios de apertura y cierre y supresión de las colchonetas de uso colectivo en las hamacas.

También ha reclamado el Gobierno andaluz al central que rebaje al 4 por ciento el IVA al sector turístico.

Igualmente, la Junta prevé poner en marcha una serie de medidas para contribuir a la reactivación económica de las actividades de servicios a usuarios de playas afectados por la pandemia de Covid-19. Entre otros negocios, este sector incluye a chiringuitos, restaurantes, kioscos y entidades dedicadas al alquiler de hamacas o a iniciativas náutico-recreativas en el litoral.

Dado que la declaración del estado de emergencia en España para evitar la propagación del coronavirus ha impedido que estas empresas puedan desarrollar su actividad durante los primeros meses del año incluyendo la Semana Santa, la Junta ha decidido ampliar un año la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre de las empresas que prestan servicios a los ciudadanos en las playas de Andalucía.

Esta extensión se aplicará a todos aquellos empresarios que soliciten este permiso en 2020 y que, al hacerse efectiva esta ampliación, no excedan el tiempo máximo de concesión establecido en el reglamento de aplicación.

Asimismo, la Junta permitirá en la presente temporada, de forma extraordinaria, el montaje de las instalaciones y el desarrollo de las actividades contempladas en planes de playas que se encuentren en tramitación por haber vencido en 2019. El objetivo de esta medida es que la suspensión de plazos administrativos impuesta por las limitaciones derivadas del estado de alarma no suponga una merma de la rentabilidad de las empresas que desarrollan su actividad en las playas.