Ayer, en el más bien agrio debate del Parlamento de Andalucía sobre la iniciativa de Podemos para recortar cesantías y dietas de los diputados y equipararlas a las de los trabajadores públicos y privados, la posición menos exaltada fue la de Izquierda Unida, que defendió el parlamentario por Málaga José Antonio Castro.

Como estaba cantado, el PSOE, el PP y Ciudadanos rechazaron la toma en consideración de la propuesta de la formación morada para reformar el Reglamento de la Cámara y acabar de una vez con lo que el partido que dirige Teresa Rodríguez denomina "privilegios".

Un tibio respaldo: ‘sí, pero…’

IULV-CA sí respaldó la proposición, pero no debería engañarse al respecto Podemos: ese respaldo fue lo menos que se despacha en materia de respaldos. El sí de IU era ‘un sí pero’ donde la conjunción adversativa pesaba en realidad tanto o más que el propio sí, aunque por deferencia con sus ‘socios in pectore’ Castro dejó entrever que se trataba de un sí con todos los avíos de cualquier sí.

La tibieza de IU en este caso es políticamente significativa porque, aun de modo oblicuo, evidencia ciertas diferencias de cultura política con Podemos. Digamos, resumiendo mucho, que ambos partidos coinciden en la teoría pero no en la praxis, lo cual es un problema porque en política la praxis no es todo pero tiende a serlo.

El dedo en el ojo

Pasando por alto el hecho incontrovertible de que las reformas del Reglamento requieren la unanimidad de la Cámara, al formular su proposición Teresa Rodríguez era fiel a la teoría donde se encuadra Podemos (‘cambiemos el mundo’) pero poco cuidadosa con la praxis que debe convertir la teoría en realidad.

Si Podemos quiere hacer más justas, equilibradas, transparentes y ‘populares’ las retribuciones de sus señorías –si quiere hacer todo eso no en teoría sino de verdad– el camino para conseguirlo no es meterle el dedito en el ojo a aquellos cuyo voto es absolutamente imprescindible para lograrlo. Eso justamente es lo que parecía sugerir la intervención de Castro. 

Un cierto desenfoque

José Antonio Castro se limitó a decir elegantemente que la proposición no de ley de Podemos estaba "un poco desenfocada", no incluía “tocar las retribuciones” y “más que atacar a la raíz del sistema” favorecía “la desafección política".

"Es necesario el mayor rigor posible a la hora de aclarar cuáles son las retribuciones", opinaba el diputado de IU, que, aunque coincidía con reducir las cesantías, discrepaba de "asimilar de manera milimétrica" las dietas por desplazamiento y manutención de los parlamentarios con las de los empleados públicos.

Elementos para una reforma

La iniciativa de Podemos proponía el deber de justificar documentalmente los gastos de los diputados para comprobar que los habrían contraído ejerciendo efectivamente tareas de representación; la obligación de fichar en el Parlamento; la equiparación de las cuantías por kilometraje con las que cobran los empleados públicos; o la unificación de criterios para todas las cesantías, de modo que los diputados que se queden sin escaño cobren las mismas prestaciones contributivas que cualquier desempleado.

Embarazosas comparaciones

Ciertamente, una de las debilidades de la proposición de ley de Podemos es que no tocaba la estructura de retribuciones. De hacerlo, el debate se vería abocado, por ejemplo, a entrar en embarazosas comparaciones con lo que cobran los diputados de otros Parlamentos autonómicos donde Podemos no exhibe ni de lejos la misma beligerancia que en el andaluz.

O, ya en pleno territorio de la demagogia, abocado a entrar en incómodas comparaciones con el convenio de los empleados públicos: ¿por qué no equiparar el salario de sus señorías con el de los funcionarios? Y en ese caso, ¿con cuáles de ellos? ¿Con los del Grupo A (para acceder se requiere ser licenciado o graduado), el B (técnicos superiores), el C1 (título de bachiller o técnico), el C2 (basta con la ESO)? ¿El diputado no universitario, ¿debería cobrar menos?

En cuanto a la jornada laboral de los parlamentarios, ¿cuál debería ser? Si equiparamos salarios, dietas e ‘indemnizaciones por despido’, ¿no deberíamos equiparar también la jornada semanal parlamentaria y rebajarla a 35 horas?

Palabras envenenadas

Como era de prever, el debate se envenenó bastante. Demasiado. En todo caso, más de lo deseable para una cuestión que, de llegar a Pleno, precisaría de la unanimidad del Parlamento para ser aprobada.

¿Cuánto se envenenó el debate? Todo esto: “No cuenten con nosotros para este juego tan sucio e hipócrita” (Ángeles Férriz, PSOE); “La iniciativa es una mezquindad que denigra a los parlamentarios, que se pasan los fines de semana tirados en la carretera" (Carmen Crespo, PP); "La propuesta es populista y demagógica, porque ustedes podían haber renunciado a sus retribuciones, pero cobran y callan" (Julio Ruiz, Ciudadanos).

Mientras, Teresa Rodríguez, que como portavoz de grupo tiene uno de los sueldos más altos de la Cámara, clamaba en el desierto: “¿Conque cobro mucho? ¡Por favor, déjenme cobrar menos!”.

Todo, algo, nada

Vagamente conscientes de que Podemos tiene algo de razón, no toda pero sí alguna, los portavoces de PSOE, PP y Cs optaron en sus intervenciones por una fiereza dialéctica rayana en lo ofensivo y que en general no suele dedicarse a los adversarios cuando estos no tienen nada de razón.

Quien únicamente pareció entender que Podemos tenía algo –o incluso algo más que algo– de razón pero no toda fue el ‘hermano’ Castro, que instó fraternalmente al resto de compañeros de la sala capitular a "hacer todo lo posible desde el rigor y la pedagogía” para no generar más "desafección". Hay que modificar, añadió, las retribuciones y abrir así el camino a una cierta “racionalización" salarial. Era una racional manera de ordenar el debate. Naturalmente, nadie le hizo caso.