La difusión incompleta, la semana pasada, por parte de Emerita del último auto judicial sobre el caso Aznalcóllar ha vuelto a añadir todavía más confusión sobre el alcance exacto de las sospechas sobre el supuesto amaño del concurso para la explotación de la mina, que ganó el consorcio Minorbis-Grupo México en detrimento de Emerita, promotora de la querella penal contra esa adjudicación. En contra de lo publicado, el auto de la juez Patricia Fernández supone más bien una derrota de Emerita al desestimar la juez Patricia Fernández la que era su principal exigencia: que se suspendiera la adjudicación a la empresa ganadora. Según recoge el auto judicial, de fecha 10 de agosto, Emerita reclamaba la “inmediata suspensión provisional de la resolución del 25 de febrero de 2015 por la que se adjudicaba el concurso a Minorbis-Grupo México”. La juez rechaza esa pretensión afirmando que “no se observan motivos para pronunciarnos sobre la suspensión”. El auto también recoge que Minorbis ha acreditado el pago de la compraventa de participaciones de Minera Los Frailes por 1,29 millones de euros. Minera Los Frailes es la sociedad que asumió la adjudicación del concurso, pero había dudas sobre su vinculación real con los licitadores Minorbis-Grupo México. La juez parece dar por despejadas esas dudas, al menos provisionalmente. CAUTELA JUDICIAL Patricia Fernández se muestra, en todo caso, bastante cauta al valorar la denuncia de Emerita de que el licitador era solo Minorbis –cuya envergadura financiera e industrial sería insuficiente para explotar una mina como la de Aznalcóllar- y no esta empresa cordobesa en asociación con la multinacional minera Grupo México. En su escrito la magistrada recuerda que en la tramitación del concurso se hace referencia como licitador a Grupo México-Minorbis, también denominado ‘el consorcio’, lo cual “no es una mera alusión puntual o desliz, sino una constante a lo largo de la tramitación”. Sin embargo, subraya la juez, dos de las personas llamadas a declarar y participantes en esa tramitación afirmaron claramente que el solicitante era “Minoribs y no Grupo México”, razón por la cual la magistrada hará nuevos interrogatorios para aclarar este extremo. La juez también considera necesario aclarar si la “formalmente reconocida como adjudicataria –Minera Los Frailes- ha aceptado o no las condiciones fijadas en la resolución del concurso de adjudicación” (hecha en favor de Grupo México-Minorbis) “o si por el contrario dicha aceptación se encuentra pendiente de la suspensión”. LA CUENTA DE 92 MILLONES EN EL BBVA El auto informa de que se librará oficio al BBVA para que confirme si, en efecto, hay una cuenta en una de sus entidades de Sevilla con un saldo de 92 millones de euros cuyo titular es Minera Los Frailes, la sociedad que recepcionó la adjudicación obtenida por Minorbis-Grupo México. Si la entidad bancaria confirma ese dato, se despejaría otra duda más sobre la capacidad de Minera Los Frailes para cumplir su compromiso de inversión y explotación de la mina. Cabe recordar que, en un auto anterior, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ya imputó en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, que ha dimitido de su cargo aunque este no ha sido cubierto por otra persona, a la espera de ver cómo evolucione la instrucción. La juez Patricia Fernández Franco también imputó a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales cita a declarar el próximo día 17 de septiembre.