El Ayuntamiento de la localidad de Adra es uno de los feudos, desde hace casi 20 años del Partido Popular de Almería. Actualmente se sostiene en una coalición de mínima aritmética formada por el Partido Popular (10 concejales) y el único concejal que obtuvo Ciudadanos. Ayer, su alcalde, Manuel Cortés, tuvo que declarar ante el Juzgado de Berja en calidad de investigado por presunto delito de prevaricación urbanística.

Los antecedentes de esta denuncia son al menos sospechosos. Dicha investigación se produce por que el primer edil -en aquel momento responsable de las competencias atribuidas las delegaciones de Urbanismo- otorgó una licencia de obra mayor para la construcción de una casa en la playa en una zona en la que no está permitido por ley. Curiosamente el edificio de tres plantas, enclavado en un paraje envidiable en plena zona de protección marítima, pertenece al concejal de Ciudadanos que actualmente sostiene el Equipo de Gobierno y cuyo voto sirvió para que Cortés continuara siendo alcalde de Adra.

Licencia y moción de censura

En concreto el 16 de noviembre de 2017 Cortés concedió licencia de obra mayor una con el objeto de construir un edificio de tres viviendas y local en una parcela integrada en una zona afectada por ser servidumbre de Protección marítima terrestre. En estos casos la ley es muy clara al prohibir expresamente su construcción. Fuentes consultadas por ELPLURAL informan de que en esta zona no se permite obra nueva por parte de la Dirección Provincial de Costas. A pesar de ello, el Alcalde de Adra, obviando los informes emitidos por este órgano competente, otorgó dicha licencia cuando estaba sobre la mesa una más que posible moción de censura contra el Alcalde con la firma del concejal naranja supuestamente beneficiado por la licencia. Los socialistas vieron entonces un “trato de favor” que anuló la posibilidad de presentar una moción de censura en 2015 y arrebatar a los populares la alcaldía.

Obviando un informe de Costas claro y conciso

Las mismas fuentes señalan que con esta decisión del alcalde se lesionó el interés colectivo del resto de vecinos que habían pedido licencia en la misma zona, que no estaban afectados por dicha protección y que a fecha de hoy no se les ha otorgado licencia de obra. El informe de Costas es claro y conciso recogiendo que “una vez consultado con el Área de deslindes, y de acuerdo con el deslinde provisional en esta zona, la parcela objeto de la consulta se encontraría afectada parcialmente por la zona de servidumbre de protección. Asimismo, y en relación a la posible aplicación de la excepcionalidad regulada en la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, al no constituir el solar parte de la fachada marítima no le sería de aplicación la citada disposición”. Otorgar una licencia sin fundamento jurídico-técnico constituye un delito de prevaricación urbanística recogido en el artículo 320 del Código Penal. Dicho delito lleva aparejado las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

Las mismas fuentes inciden en que existen muchas irregularidades en el expediente a las que tendrá que responder el Alcalde. Se da la circunstancia de que Manuel Cortés era concejal de Urbanismo cuando se inició el expediente 2007. Y el mismo Cortés era ya alcalde cuando finalmente se otorgó la licencia urbanística. No se puede construir obra nueva en esa zona de servidumbre de protección del dominio público y como bien aclara el informe en el caso concreto no cabe excepción por no ser fachada marítima.

¿Paró la moción de censura un supuesto “trato de favor”?

La clave política, más allá de la jurídica, es conocer si al Alcalde de Adra “le pudieron las ganas de mantenerse en el sillón evitando que el concejal de Ciudadanos, Pedro Peña, firmara la moción de censura cerrada ya con PSOE y Plataforma y otorgó una licencia saltándose la ley presuntamente”. Los socialistas señalaron en su momento que el expediente “estaba paralizado desde 2013” y que fue reactivado “casualmente” cuando se propuso presentar una moción conjunta entre PSOE, la formación independiente Plataforma y Ciudadanos. “Mientras esperábamos a que Ciudadanos firmara la moción con la que estaba de acuerdo, se produce la licencia de obras y desaparece de las negociaciones”, afirmó la portavoz socialista Teresa Piqueras.

No es la primera vez que el alcalde de Adra ha tenido que acudir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Berja para declarar ante el juez en calidad de investigado. El principal partido de la oposición, el PSOE, acusó al regidor abderitano de impedir el acceso a la información que le corresponde por ley como grupo municipal. Cortés tuvo que declarar al enfrentarse a una pena de inhabilitación de cargo público de entre uno y cuatro años. El juez archivó provisionalmente la causa aunque se haya recurrida ante la Audiencia provincial de Almería a la que se le va a aportar más información.