Cada día el mismo ritual: llega a casa y comprueba si tiene llamadas o ha recibido alguna carta. Está a la espera de alguna respuesta desde el 4 de noviembre de 2021. Fue entonces cuando Laura solicitó a los servicios sociales de Vera la ayuda económica para dependencia.

20 meses de espera en los que el expediente sigue a la espera de tramitación, y eso que el caso es prioritario. La ayuda de dependencia de Laura es para su hija, una menor que actualmente tiene ocho años. La pequeña fue evaluada en el verano de 2022 y se aprobó una dotación económica por Grado II de dependencia. Esto fue el 4 de agosto de 2022. Desde entonces, el caso de la hija de Laura está en el limbo de la administración andaluza.

ElPlural.com ha consultado a la Consejería de Inclusión Social, Igualdad, Familias y Juventud por los retrasos en la gestión de expedientes en Dependencia y sobre este caso en particular, que afecta a la Delegación de Almería, pero tras 15 días no hay respuesta.

Al tratarse de una menor, la ayuda de dependencia se traduce en una aportación económica que podría oscilar entre los 300 y 426 euros. Laura tuvo dos hijas mellizas, una de ellas fue diagnosticada a los ocho meses: padecía una enfermedad rara denominada síndrome de WEST, una dolencia que suele derivar en crisis epilépticas, en retraso psicomotor o, como es el caso de Victoria, la hija de Laura, “en dificultades para la comprensión verbal y del pensamiento abstracto”.

La vida de la pequeña Victoria está regida por una estricta planificación de horarios para asistir a clases de apoyo, fisioterapeuta, psicólogo y logopeda. La retribución económica está pensada para pagar todas estas actividades y para que la familia pueda comprar material de apoyo didáctico, por ejemplo. “Van pasando los meses, vamos para dos años de espera y no sabemos nada de nuestra ayuda y lo peor es que no es retroactiva, todos los meses que no me han pagado los pierdo”, dice Laura.

La familia ha adaptado su vida y sus rutinas. Laura ha cambiado su trabajo para poder estar en casa con plena disponibilidad. Aunque se las apañan económicamente, les preocupa no contar con la prestación que les corresponde y que no llega por demora administrativa, “ese dinero calculamos usarlo cuando llegue la adolescencia de mi hija”. Es en la adolescencia cuando surgen nuevos síntomas en el síndrome West y la enfermedad se agrava, “o incluso, pensando en cuando no estemos, tenemos que dejar ahorros, un colchón económico”. Sin embargo, el buzón está vacío, el teléfono no suena, nada se sabe de la ayuda concedida.

Oficialmente, cuando un técnico decreta el grado de dependencia, hay que poner en marcha un PIA, un Programa Individual de Atención que dota de ayuda económica y asistencia específica para cada caso. A priori, los casos que afectan a niños y niñas son atendidos con más urgencia. No es el caso de la pequeña Victoria.

De manera no oficial, cuando Laura ha consultado por el retraso de su expediente en las oficinas de Servicios Sociales de la localidad de Vera (Almería), la respuesta ha sido que están desbordados con cientos de expedientes a tramitar por una sola persona. Los sindicatos llevan meses alertando de las carencias que sufren en servicios sociales para atender la demanda existente.

El caso de Victoria es uno más. En Andalucía, las listas de espera en dependencia no dejan de crecer. Sindicatos como CCOO alertan de que la comunidad triplica el tiempo de espera. La media para resolver las ayudas es de más de 500 días, mientras que el máximo legal para dar respuesta es de solo seis meses. El sindicato CSIF cifra en 400 los funcionarios que harían falta para resolver el cuello de botella que enfrenta la Junta.

La situación es tal que muchas personas que demandan la ayuda mueren antes de que esta llegue a sus bolsillos. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) nos ofrecía un dato escalofriante: once personas mueren cada día mientras esperan que se resuelva su ayuda a la dependencia.

Con más de 88 mil personas en la lista de espera el panorama es desolador. La mayoría, al igual que Laura, no saben nada sobre su derecho legal y reconocido, pero no tramitado. Andalucía está a la cola de gasto público por habitante en materia de dependencia y este 2023, la Junta de Andalucía ha reducido aún más la dotación. En los dos últimos años la comunidad autónoma ha reducido su aportación presupuestaria en cerca de un 15%, mientras que la del Estado ha crecido en porcentaje similar, la dotación se paga al 50% por ambas administraciones.

Moreno Bonilla ya fue protagonista de políticas de recorte en materia de dependencia cuando era secretario de Estado en el gobierno de Mariano Rajoy. “Cada uno se las apaña y paga sus necesidades de su bolsillo. Ahora estamos mi marido y yo, nosotros sí podemos asumirlo, pero habrá quien no”, suspira Laura, que recuerda que no se trata de sus derechos, sino del “futuro de su hija”.