Rocío Reinoso Cuevas preside el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, anfitrión este jueves y viernes de las Jornadas de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), que coinciden con las bodas de plata de la más joven de las instituciones académicas de Andalucía. Preside también el Foro Andalucía de Consejos Sociales. 

La Universidad Pablo de Olavide acoge las Jornadas de la CCS, ¿cuál es el objetivo de las mismas?

Es una ocasión para seguir avanzando en el refuerzo de las relaciones universidad-empresa como alianza estratégica para completar la formación del alumnado y lograr su inserción laboral en las mejores condiciones, y también para la transferencia de conocimientos. Estoy muy agradecida de que la CCS haya aceptado nuestra propuesta de celebrar este encuentro aquí porque fue nuestra iniciativa para poner un broche de oro a la conmemoración de los 25 años de la UPO. 

Precisamente esos son los temas que se abordan estos días…

Efectivamente. Hemos querido centrarnos en este aspecto, dentro de las misiones que tenemos los consejos sociales, porque es un compromiso que tenemos con la sociedad, y específicamente con el tejido productivo. Se trata de elevar a sus máximos el papel de las universidades en el desarrollo económico y social de nuestro país en unos tiempos de enormes cambios y no menos preocupantes incertidumbres. Es una ocasión para el reencuentro pero, sobre todo, son unas jornadas de trabajo en las que contamos con ponentes del máximo nivel nacional e internacional y profundos conocedores de esta realidad.

¿Se ha avanzado suficiente o queda camino por recorrer en esta relación universidad-empresa?

Hoy nadie cuestiona la idoneidad de que esta conexión es un espacio de conocimientos mutuos y de productivas sinergias. Creo también que la formación pasa por la necesidad de extender en su máximo potencial las prácticas de nuestros estudiantes para completar su aprendizaje teórico y su crecimiento profesional en el mundo empresarial. Esta relación nos permitirá potenciar el papel necesario de la investigación en las universidades y convertirla en transferencia de conocimientos para la innovación social. Hay que lograr también una fluida transferencia de tecnología entre estos dos agentes.

¿Cuál es la situación de las universidades públicas andaluzas en materia de patentes, por ejemplo?

El reciente informe ‘Propiedad Industrial en Andalucía’ elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento a partir de datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) revela que las universidades públicas andaluzas presentaron casi la cuarta parte de las solicitudes de patentes nacionales e internacionales del total nacional en el periodo 2019-2021. Esto nos sitúa a la cabeza del sistema universitario público nacional en el registro oficial de invenciones los últimos tres años.  

Sin duda saldrá también el tema de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en tramitación parlamentaria. Ha levantado cierta polvareda entre los consejos sociales, ¿por qué? 

Desde la CCS se ha entendido que debilitaría competencias que son claves para estos órganos de representación, puente entre las universidades y el entorno para adecuar su oferta y sus servicios a la realidad socioeconómica de cada territorio. Hay avances en ese proyecto de ley, pero no son suficientes, sobre todo en lo relativo a la gobernanza. Por ejemplo, se hace necesario reforzar el papel de los consejos sociales en el diseño de los títulos académicos. Se ha planteado también que tengan la competencia a la hora de velar por el control interno de las universidades. Por citar dos de las reivindicaciones.

También se prevé esta legislatura la nueva Ley Andaluza de Universidades. ¿Qué sensaciones sacaron tras la reciente reunión con el consejero?

El consejero nos aseguró que reforzará el papel de los consejos sociales como canalizadores de la colaboración entre las universidades y la empresa, lo cual es positivo. No podemos olvidar que los consejos sociales tienen una gran diversidad de funciones, que van desde promover la adecuación de la oferta de las enseñanzas superiores a las necesidades de la sociedad hasta proponer líneas estratégicas o aprobar los presupuestos de las universidades. Necesitamos una línea de acción institucional compartida. Hay que profundizar también en la colaboración con instituciones como la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Cámara de Cuentas de Andalucía, especialmente en cuestiones como la rendición de cuentas.

Hablando de cuentas, la financiación sigue siendo una asignatura pendiente, ¿cómo valora el reciente acuerdo del Consejo de Gobierno para elaborar un nuevo modelo?

Es un paso importante y que se llevaba tiempo esperando. Se prevé un nuevo modelo para el marco 2023-2027. La clave es que garantice la suficiencia financiera para que se pueda incrementar la excelencia y la competitividad académica e investigadora de todo el sistema universitario público de Andalucía. Debe ser un modelo consensuado con todos los representantes de la comunidad universitaria.