La Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno Bonilla, pierde en los tribunales ante ElPlural.com. El Ejecutivo andaluz interpuso una denuncia contra este medio de comunicación por un artículo que le comprometía en materia sanitaria debido a un presunto fraccionamiento de contratos.
La administración popular intentaba así amedrentar a este periódico haciendo uso de la Justica por una noticia que ni siquiera partía de ElPlural.com, aludiendo a una falsedad y poco menos que un uso torticero de los datos y la información empleada para la redacción del texto.
Este periódico contactó además con la Consejería de Sanidad de la Junta para conocer su versión de los hechos que, lejos de desmentir lo publicado, lo confirmaba. De hecho, la base de la noticia es precisamente ésta.
Ahora, los tribunales andaluces concluyen que va a “desistirse el recurso de apelación interpuesto”, dando carpetazo con ello a los objetivos del equipo de Moreno Bonilla y finalizando que no hay nada erróneo ni, por supuesto, susceptible de delito, en lo publicado.
Irregularidades y exceso de contratos menores
La información a la que se refiere la denuncia -interpuesta hace unos meses y cuya resolución ha conocido ElPlural.com esta semana- responde a un supuesto reparto a dedo de 458 millones de euros “en fraude de ley”.
Este periódico simplemente hacía alusión a la respuesta de la Consejería de Sanidad, en las que el Ejecutivo con mayoría absoluta popular descartaba que hubiera informe alguno que dijera que el Servicio Andaluz de Salud “haya adjudicado” la cantidad mencionada de esa manera -esto es, “en fraude de ley”, sino que la cifra “se corresponde con la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021”. “En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores y los interventores han analizado solamente 573 contratos”, indicaba.
La Consejería afeaba el hecho de “extrapolar” lo que, a su juicio, responde a “algunas salvedades”, indagando en que hacer esto a la “totalidad de contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor”.
De la misma manera, justificaba que el “contrato menor” obedece a una “figura legal válida para contratar” y que “en ningún caso” se habían detectado “desvío de fondos públicos”. De hecho, desde la administración ensalzaban que estos contratos “sirvieron para comprar medicamentos, prótesis o marcapasos que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto”.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) otorgó estos contratos fuera de la Ley de Contratación Pública, que permite que las administraciones puedan saltarse los controles reguladores de fiscalización y adjudicar textos mediante el método denominado “de urgencia”.
Hay que señalar que estos contratos, para poder ajustarse a la normativa, no deben superar nunca los 15.000 euros -en caso de operaciones relacionadas con el suministro de servicios, los 30.000 cuando la actividad que realiza la firma de turno se centra en la asistencia sanitaria, o los 40.000 cuando el objeto de la adjudicación pasa por las obras.
Sin embargo, el SAS formalizó contratos por menos de estas cantidades -variando según la prestación del servicio prestado-, siempre con sociedades mercantiles y “concatenando” cientos de documentos de carácter menor con el objetivo de “alterar” reiteradamente el objeto de los documentos para de este modo “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”.
El organismo dependiente de la Junta también habría desobedecido al artículo 29.8 de la Ley de Contratos Públicos, que establece que los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año “sin ser objeto de prórroga”. En el caso que se refiere a estas líneas, los acuerdos no solo superaron este plazo en meses e incluso en años, sino que también se prorrogaron “sin justificación”.
Las empresas que más beneficiadas salieron de los acuerdos fueron Pfizer, Novartis, Roche, Janssen, Sanofi, Aventis y Bayer Hispania. También, aunque en menor medida, Grifols Movaco, Skyler o Diaverum.
ElDiario.es, medio que publicaba las primeras informaciones, se dirigió a ellas obteniendo en el momento de redacción de estas líneas solo respuesta de Roche, Novartis y Sanofi. Ninguna de estas compañías valoró los informes, asegurando que desconocen el documento.
