La Junta de Andalucía, acusada de vulnerar el deber de protección al menor tras no haber atendido a más de una decena de llamadas de socorro previas al asesinato de un niño de 7 años. Así lo dictamina el Consejo Consultivo de Andalucía, que insta a que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, también la Diputación de Almería, indemnicen al padre del menor con hasta 140.000 euros.
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Sergio Fernández, padre del menor, llamó a los servicios de protección al menor alegando que la vida de su hijo corría peligro bajo la custodia de su madre. Y es que, posteriormente, ya en octubre del mismo año, ésta estranguló al pequeño de 7 años, metió su cadáver en el coche y lo llevó hasta la localidad almeriense de Las Norias de Daza. En este periodo de tiempo, el padre realizó hasta once llamadas de socorro al servicio especializado de la Junta.
Según ha resuelto ahora el Consejo Consultivo de Andalucía, tanto el Gobierno de Moreno Bonilla como la Diputación de Almería deberán indemnizar con el montante mencionado al padre por la desatención pública al menor. De esta manera, dicho órgano dependiente de la Junta considera que el riesgo que sufrió el pequeño Sergio era palpable y seguía las reiteradas denuncias telefónicas de su progenitor, un hecho que debería haber motivo a actuar a la administración autonómica adoptando medidas cautelares.
En este sentido, el Consejo Consultivo recogió que en el periodo que se produjeron las llamadas de auxilio hasta la muerte del menor, en torno a mes y medio, se dio tiempo a que cualquier protocolo de protección de la infancia con riesgo vital “entienda como necesaria la reacción material” para evitar males mayores.
En su dictamen, conocido el pasado mes de diciembre, este órgano considera, según recoge El Mundo, que “el daño alegado -por el padre- es efectivo, individualizado, evaluable económicamente, antijurídico e imputable a la Administración” andaluza por sus claras competencias en la protección a la infancia. Asimismo, subraya la evidente “relación de causalidad” entre la falta de protección con el asesinato del niño y dio cuenta de la falta de “estándares exigibles” en el funcionamiento “anómalo” de estos servicios públicos.
Dicho lo cual, el Consejo Consultivo andaluz resuelve que quedó “acreditado” que tanto el Gobierno de Moreno Bonilla como la Diputación de Almería “no actuaron a tiempo atendiendo a las circunstancias del caso”, tanto por conocer los detalles de este como por no actuar con las medidas pertinentes según la protección al menor.
Hasta seis denuncias ante la Guardia Civil
Sin quedar los intentos del padre por salvar a su hijo en este punto, además, el órgano recoge que la insistencia telefónica del padre al contactar con la Junta justificaría la veracidad del riesgo para su hijo, ya que las llamadas, a su vez, se vieron reforzadas por las denuncias interpuestas ante la Guardia Civil hasta en seis ocasiones entre los meses de julio y septiembre.
Fue la última de ellas la presentada el 23 de septiembre de 2019 cuando, ese mismo día, el propio niño pidió ayuda ante el riesgo que corría su madre a través de dos notas de voz dirigidas a su abuela materna en las que le relataba que su madre le pegaba y que pedía ayuda directa a su padre para salir de aquella terrible situación.
Asimismo, sin poder hacer mucho más y ante la inacción de la Junta y la Diputación de Almería, el mismo día del asesinato del pequeño Sergio, aunque antes de que se produjese el fatal desenlace, su padre acudió a los servicios sociales para conocer cómo avanzaban las investigaciones de la Guardia Civil, aunque sólo recibió largas y escasas explicaciones.
La justicia le quitó la custodia a la madre
La situación se agrava aún más al conocer que apenas unos días antes del asesinato del menor, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería le dio la razón al padre del pequeño Sergio y le retiró, en consecuencia, la custodia a la madre, lo que es igual, a que el relato del padre era verosímil y justificado ante las consecuentes denuncias de malos tratos que recibía el menor.
Pero fue el día 10 de octubre de aquel año cuando la madre mató a su hijo y, tratando de evadir culpas, cogió el coche, metió el cadáver en el maletero y puso rumbo a Las Norias de Daza, donde se dirigió hacia el domicilio de una conocida para pedirle ayuda. Fue entonces cuando esta persona vio que el niño no estaba en buenas condiciones, los vecinos avisaron a la Guardia Civil y se comprobó que ya había fallecido y presentaba claros signos de estrangulamiento.
