El controvertido rascacielos que abanderaban e impulsaban el Ayuntamiento de Málaga y el propio Puerto de Málaga, ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular, tiene visos de que su final será su no construcción dejando el skyline de la bahía en su estado actual y el horizonte abierto a la visión de elementos históricos como “La Farola”.

Un proyecto de más ladrillo, más edificios en altura y más ocupación del espacio urbano junto al centro y que tiene enormemente dividida a la sociedad malagueña, ha sufrido un importante revés tras conocerse en la noche de este pasado lunes el informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Cultura que, tras visitar el emplazamiento y conocer de primera mano todos los detalles del proyecto hotelero de inversores catarís, han rechazado esta iniciativa.

El macrohotel que el Ayuntamiento de Málaga impulsa y defiende a ultranza de la mano de la Autoridad portuaria dependiente de la Junta de Andalucía y promovido por el grupo de empresarios de Catar, Al Alfia Holding, se ubicaría en un lugar tan emblemático como es el dique de Levante, a poca distancia del centro de la capital.  

El informe del Ministerio de Cultura se puede calificar como demoledor y como un enorme revés para sus auspiciadores pues señala en su estudio que existen indicios "suficientes de expoliación" del proyecto para el patrimonio cultural de la ciudad así como manifiesta su preocupación porque podría alterar "de manera irreversible el paisaje histórico del Centro de Málaga”. Advierte del impacto visual que podría derivarse de esta enorme edificación ya que alteraría "la relación directa de la ciudad con el mar y la contemplación conjunta de ambas, elementos motivadores de su declaración como conjunto histórico y Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Para el departamento gubernamental el proyecto provocaría un impacto visual negativo en el paisaje urbano de la ciudad  y “vulneraría las especificaciones establecidas en el año 2000 en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, ratificado por España"

¿Cómo queda la situación administrativa en relación al futuro del proyecto?

Pues no queda mejor que el duro análisis que hacen los técnicos del Ministerio de Cultura. El informe advierte de con este se "pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe en caso de disconformidad la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo ante los juzgados en el plazo de dos meses a contar desde la notificación" del estudio. Ello significa que solo les queda a los inversores y a la Autoridad Portuaria, el resquicio de pelearlo ante la justicia. No es dato menor que el Ministerio de Cultura que se opone al proyecto, al fin y al cabo, es el Gobierno de la Nación, con lo que se puede colegir la dificultad de que el rascacielos sea una realidad.

El controvertido rascacielos plantea una altura de 116 metros con 275 plantas más un mirador.

Y es que ya llovía sobre mojado porque, como el informe recuerda, estas amenazas ya se recogieron en 2018 en el estudio de ICOMOS, órgano consultivo de la UNESCO en materia de conservación y de protección del patrimonio cultural mundial.  

Las reacciones a la importante noticia han sido diversas. El presidente del Puerto, Carlos Rubio ha criticado muy duramente a los técnicos del ministerio que evacuaron el informe calificando al documento como de “cogido con alfileres” y ha expresado su sorpresa por que los técnicos “se hayan prestado” a argumentar con “indicios”.  Visiblemente molesto ha hablado de “manipulación tendenciosa” por parte de los funcionarios del Ministerio de Cultura. También ha dejado claro que ejercerán su derecho a presentar recurso judicial por la vía del Contencioso.

En la sociedad civil, colectivos medioambientalistas, conservacionistas y sectores progresistas de la ciudad la noticia ha sido recibida con alborozo y con una ingente actividad cargada de satisfacción en redes sociales.

Lo cierto es que con recurso ante el Contencioso o sin recurso, a tenor del demoledor informe, la construcción o no del rascacielos y del polémico hotel se residencia en la mesa del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. Y eso no ha gustado nada tanto a los promotores económicos como a los impulsores políticos. Alea jacta est.