La Fiscalía se vuelca con el cribado del cáncer: dos investigaciones paralelas y especial atención con la modificación de expedientes

El escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía está pasando en las ultimas a vivir uno de sus episodios más importantes. La Fiscalía ha abierto dos líneas de investigación paralelas con las que esclarecer por qué al menos dos mil mujeres no han recibido los resultados de las pruebas que se realizaron, pudiendo ello tener graves consecuencias por el posible avance de la enfermedad en caso de resultar positivos, así como también, como se ha conocido recientemente, pretende abordar la presunta manipulación de historiales médicos de las pacientes en las plataformas digitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En menos de 48 horas la Fiscalía pasa a primera línea con la apertura de unas diligencias que pretenden arrojar luz sobre una situación de caos que está provocando enorme nerviosismo entre la población andaluza. Concretamente, la primera de las dos investigaciones se pone en marcha fruto de la denuncia que interpusieron hace tres semanas Adelante Andalucía y Por Andalucía, así como el Defensor del Paciente. Estas eran unas denuncias que se centraban en hallar una explicación sólida al motivo por el que los diagnósticos de estas, como mínimo, 2.000 mujeres no fueron trasladados a las pacientes.

Las denuncias apuntaban a los tres últimos consejeros de Salud, es decir, a Jesús Aguirre, Catalina García y la recién dimitida Rocío Hernández. Además de a estas tres figuras, también señalaban a la actual gerente del SAS, Valle García, y a la viceconsejera, María Luisa del Moral, entre otros delitos por homicidio imprudente. Ahora, el fiscal pide a la Consejería sanitaria que traslade cuáles han sido las medidas puestas en marcha para la reparación del daño de las víctimas y para la prevención de hechos futuros similares.

Por otro lado, la segunda de las dos diligencias abiertas que se ha conocido en este 24 de octubre y que ha adelantado este viernes por la Cadena Ser, ha adquirido gran notoriedad al proceder de una denuncia interpuesta a principios de semana por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama) y que ha copado numerosos titulares, siendo uno de los principales asuntos a nivel nacional. Concretamente, Amama incluía copias de informes clínicos y mamografías de pacientes con las que buscaba exponer que, hace solo una semana aparecían en ellas marcas señalando posibles lesiones, unas pruebas que aparecían firmadas por radiólogos con nombre y apellidos, y siete días después no se hallaban estas marcas y tampoco las firmas de los especialistas. No solo eso, sino que también denunciaron que un cambio en las indicaciones de estos informes clínicos, así en lugar de señalar un hallazgo “sospechoso” ahora se observaba que era “probablemente benigno”, las dos nomenclaturas posibles de una lesión de categoría BIRADS-3, que en teoría tienen en común las 2.000 mujeres afectadas.

La denuncia presentada por la asociación Amama desencadenó que miles de mujeres intentaran acceder simultáneamente a las aplicaciones del Servicio Andaluz de Salud —ClicSalud y Diraya—, lo que, según la Junta de Andalucía, provocó un colapso temporal del sistema informático. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó de manera tajante esa versión, acusando a las afectadas de difundir rumores infundados y de poner en peligro un programa de cribado que, en sus palabras, “salva vidas”. Sin embargo, pocas horas más tarde, el propio Gobierno andaluz admitió que se estaban registrando “problemas técnicos” en la plataforma digital donde se almacenan los historiales médicos, lo que impidió que numerosos pacientes accedieran a su información personal.

La apertura de esta segunda línea de investigación por parte de la Fiscalía supone un nuevo revés para el Ejecutivo de Juanma Moreno. El pasado jueves, el Gobierno andaluz se enfrentó a toda la oposición, que exigía explicaciones por las presuntas alteraciones en los historiales clínicos. En medio de la polémica, Sanz elevó el tono de sus declaraciones contra la asociación que había revelado la crisis de los cribados, acusándola de provocar “una alarma social enorme” que habría “colapsado” los sistemas.