Fue el primer gran contratiempo con el que tuvo que lidiar el Gobierno andaluz de PP y Cs, cuando apenas hacía unos meses que había tomado posesión. En las primeras semanas, la gestión política del caso no fue precisamente ejemplar. Ahora, la Fiscalía ha elevado ya al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla su escrito de acusación por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria.
El Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Sevilla contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis, su hijo Sandro José Marín Rodríguez como administrador único de la entidad, su otro hijo Mario Marín Rodríguez, Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José, y el arquitecto Sergio L.G., contratado por la empresa en cuestión. Las penas que reclama la Fiscalía no son pequeñas: once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José.
En cambio, la Fiscalía no presenta acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B., aunque sí figuraba como acusada en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 19.
El Gobierno andaluz y el Partido Popular hicieron en su día mucho ruido político intentando culpar de lo sucedido al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por los socialistas. "El Ayuntamiento es el único responsable de los análisis sanitarios preventivos", dijeron en rueda de prensa conjunta la presidenta provincial del Partido Popular, Virgina Pérez, el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, y Juan de la Rosa, secretario general del PP sevillano y concejal del Ayuntamiento.
La torpeza de su gestión llegó a poner en serios apuros al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, cuyos imprudentes elogios a la empresa Magrudis en los compases iniciales de la crisis de listeriosis se le volvieron en contra cuando la juez del caso ordenaba la detención del propietario y varios familiares de la firma que provocó la contaminación alimentaria. El Partido Socialista y Adelante Andalucía pidieron la dimisión del consejero.
La Fiscalía ve en los hechos un delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclama para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
En materia de responsabilidad civil, solicita que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones; respondiendo la aseguradora AXA "con carácter directo" como entidad aseguradora de Magrudis, una entidad que ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor en favor de las víctimas y afectados.
También habrán de indemnizar con 5.861 euros a Endesa y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con AXA de nuevo como responsable "directa" de responder y el Ayuntamiento hispalense como responsable civil subsidiario.
