La Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, el dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud y Familias del 18 de agosto por la que se acuerda establecer pruebas PDIA semanales al personal sanitario no vacunado, así como las personas trabajadoras en los centros socio sanitarios residenciales y no residenciales de mayores y grandes dependientes, al igual que al personal del servicio de ayuda a domicilio.

Con este informe, la Fiscalía de Andalucía no acepta la demanda de la asociación Liberum contra esta orden de la Consejería de Salud y Familias por considerar que limita derechos fundamentales.

El dictamen de la Fiscalía señala que existe una normativa habilitante que autoriza a la administración sanitaria a dictar normas que contengan medidas en la lucha contra la pandemia y considera que ésta "soporta el juicio de proporcionalidad exigible".

"Son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, la vacunación obligatoria indirecta o la pruebas PDIA, la orden opta por la menos invasiva con la pruebas PDIA para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable".

Del mismo modo, subraya que "esta medida concilia la libertad de los empleados, plasmada en la decisión personal de vacunarse o no vacunarse, con la vigilancia escrupulosa de las consecuencias que depare a terceros su libre decisión que libremente adoptan no ha de perjudicar a terceros y menos a un colectivo especialmente vulnerable, dada la evidencia científica de la facilidad de transmisión".

También recoge el dictamen de la Fiscalía que las medidas son ponderas y equilibradas por derivarse de ellas más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto "ya que con las medidas se persigue la garantía de la salud pública y la salvaguarda de los derechos a la protección a la salud y a la vida que corresponden a personas vulnerables como al personal sanitario o socio sanitario que presta servicios en dichos centros".

Recurso al Supremo

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que el Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la resolución del TSJA que suspende cautelarmente la medida acordada por la Junta para imponer la realización de pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores de residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Aguirre ha lamentado que el TSJA le "va cortando las alas" a la Junta de Andalucía en su lucha contra la persistencia del Covid-19 en las residencias, pues, ante la negativa a vacunarse de algunos trabajadores, Salud pretendió la vacunación obligatoria de estos empleados, lo cual ha rechazado el alto tribunal andaluz, y después el que, al menos, se les puedan hacer "PCR dos veces en semana", lo que también ha sido rechazado por el TSJA.

Por esta razón, la Junta ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS) dichas resoluciones, ya que, según manifiesta Aguirre, "quitan las armas" a Salud para combatir al coronavirus en las residencias, lo cual se debe también, según ha argumentado, a que "no hay una Ley de Salud Pública, a que no ha habido un cambio legislativo" para adaptarse a la pandemia, "y eso es achacable al Gobierno central", ha dicho.

Muertes y contagios

El brote de coronavirus Covid-19 declarado en el centro de personas mayores Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han sumado tres muertes más y ya contabiliza un total de once ancianos muertos por el impacto de la pandemia de Covid-19 en esta nueva ola de la misma, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y familias de la Junta de Andalucía.

En concreto, este brote arrojaba en el anterior recuento 19 ancianos contagiados y ningún miembro de la plantilla positivo, pero un total de ocho fallecidos, presentando este jueves seis residentes positivos y ningún miembro de la plantilla, pero once fallecimientos, es decir tres más que en el anterior conteo.

Con relación al brote de Covid-19 del centro de personas mayores San Nicolás de Cantillana, que presentaba anteriormente 69 contagios confirmados entre los ancianos y 17 entre la plantilla, o sea 86 en total; este jueves arroja de nuevo 69 ancianos contagiados aunque siete miembros de la plantilla en la misma situación, contabilizando un primer fallecimiento como ya había sido señalado.

En el caso del brote del centro de personas mayores Gerón de la Carretera de Carmona de Sevilla capital, que en el último recuento arrojaba 52 ancianos contagiados y 12 trabajadores en la misma situación, así como un total de cuatro fallecidos, este jueves presenta 55 ancianos aún positivos y nueve empleados en la misma situación.

En paralelo, el brote declarado en el centro de personas mayores Vitalia de Écija, que se ha cobrado 14 muertes entre los ancianos, presenta este jueves cinco casos positivos entre los mismos, o sea cinco menos que en el último balance, toda vez que el brote del asilo de ancianos de las Hermanitas de los Pobres de Sevilla capital, ubicado en las calle Luis Montoto, habría quedado ya resuelto tras haber alcanzado una decena de casos.