Si Antonio Fernández se está haciendo el tonto ante las preguntas del fiscal, pocas veces habrá habido un tonto más listo sentado sobre un estrado judicial. Puede que el exconsejero asegure recordar menos cosas de las que realmente recuerda o puede que niegue haber visto en su momento informes de la Intervención que realmente sí vio, pero la impresión general es que en verdad nunca sospechó que podía estar actuando ilegalmente o que pudo existir desvío de fondos. Y es precisamente de eso de lo que se le acusa: de haber prevaricado (30 años de inhabilitación) y de haber malversado (ocho años de prisión).
Las razones de Fernández
En la tercera jornada de interrogatorio en que el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha asaeteado a preguntas al exconsejero de Empleo de la Junta, este ha vuelto a reiterar argumentos ya esgrimidos en las dos sesiones anteriores y ya manejados también por buena parte de la veintena de procesados que ya han comparecido antes que él: nunca recibió advertencia alguna de ilegalidad o menoscabo de fondos; nadie le advirtió tampoco de que las ayudas no tuvieran fiscalización previa; no había en Andalucía unos requisitos específicos para recibir las ayudas, como no los había en España; los destinatarios del programa eran los gestores de los expedientes, sindicatos y comités de empresa y ellos lo conocían suficientemente el programa 31L; los reparos de la Intervención eran de carácter técnico y eran gestionados y contestados por los servicios técnicos de Empleo o del IFA; el programa 31L con el que se financiaban las ayudas figuraba cada año en la Ley de Presupuestos; el programa 31L no nació con el convenio de 2001 entre Empleo y la Junta, sino que ya se aplicaba con anterioridad, desde 199; eran los trabajadores o sus representantes, y no la Junta, quienes contrataban a las aseguradoras que estimaban conveniente; nunca hubo ningún ERE ilegal.
Modificaciones bajo sospecha
Dado que la Fiscalía mantiene que una de las herramientas para dotar de fondos las ayudas que se concedían arbitrariamente eran las modificaciones presupuestarias, el interrogatorio insistió en cómo se tramitaban dichas modificaciones.
Mientras Egocheaga parecía intentar demostrar que las modificaciones presupuestarias no estarían justificadas porque las ayudas eran plurianuales y por tanto debían ser perfectamente conocidas con antelación, el exconsejero insistía en la imposibilidad de prever qué nuevas crisis empresariales podían desencadenarse, y de ahí que fuera necesario allegar fondos para la partida 31L procedentes de otros programas presupuestarios. Todo perfectamente normal, insistía Fernández.
El informe de 2005
En cuanto al informe adicional de la Intervención del año 2005 que incluía severos reproches al sistema de concesión de ayudas, Fernández aseguró “no iba dirigido a Antonio Fernández, sino al consejero; llegó al gabinete del consejero, que distribuía los asuntos a los diferentes servicios o centros directivos; los servicios técnicos elaboraron sus discrepancias a las alegaciones de la Intervención, en las que no vieron nada extraordinario”.
Ese informe, puntualizó el exconsejero, “lo he leído después y he visto que las afirmaciones que hacía figuran también en la mayoría de informes de fiscalización, por eso entiendo que quien lo leyó no le dio un valor mayor que a otros informes con discrepancias”.
También relató Fernández a preguntas del fiscal los intentos de la Consejería de Innovación para atraer empresas a la bahía de Cádiz para amortiguar la crisis desencadena por el cierre de Delphi. Los intentos fracasaron “porque el país entró en crisis y hubo que acudir a las ayudas sociolaborales”.
