La semana que viene la Junta de Andalucía convocará por fin la subasta de medicamentos que estaba paralizada ya que el gobierno de Madrid la había denunciado ante el Tribunal Constitucional. Ahora el gobierno debe dar marcha atrás y permitir esa subasta de medicamentos con la que se pretende conseguir un ahorro de más de 200 millones de euros.
Una fórmula que se usa en muchos otros productos de los que se abastece la administración
La subasta de medicamentos era una de las propuestas de la Consejería de Salud para conseguir ahorrar. Las farmaceúticas debían ofertar el precio de medicamentos y ganaba la subasta la que ofreciera precios má bajos. Una fórmula que se usa en muchos otros productos de los que se abastece la administración.
Rajoy decidió llevarla al TC
Pero que el gobierno de Madrid decidió llevar al Tribunal Constitucional que ha dado ahora la razón al Gobierno andaluz y ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre la medida. La consejera de Salud María Jesús Montero celebra la decisión del Tribunal Constitucional. Mientras, el Gobierno central ha asegurado que cumplirá con su obligación de acatar la sentencia.
Se conseguirá un ahorro del 50% en la factura farmacéutica
La Consejería de Salud dice que con la subasta de medicamentos se conseguirá un ahorro del 50% de la factura farmaceútica anual. El gobierno central recurrió el decreto que incluye esta medida al considerar que invade competencias estatales.
Que el Gobierno de Rajoy "pida perdón"
Desde filas socialistas esperan que el Gobierno, tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la subasta de medicamentos, "pida perdón" a Andalucía.
Una "gran noticia"
En rueda de prensa en Huelva, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, se ha referido a esta decisión que ha calificado de "gran noticia" y ha lamentado la actitud del Gobierno central para con las políticas que desarrolla Andalucía.
Han "intentado comprometer las políticas de sotenibilidad de nuestra salud pública"
Considera que llevando este asunto hasta el Tribunal Constitucional el Gobierno "ha intentado comprometer las políticas de sostenibilidad de nuestra salud pública, poniéndose del lado de las multinacionales en vez del lado de la administración andaluza y de los andaluces".
