La decisión contrasta con las que ha venido tomando en los últimos años la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, algunos de cuyos autos más significativos han coincidido con periodos electorales o con momentos importantes del calendario político. El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha respetado los tiempos electorales y ha citado los próximos días 9 y 14 de abril, respectivamente, a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga los presuntos ERES irregulares en esta comunidad autónoma. Las elecciones autonómicas andaluzas, cuya campaña empieza 15 días antes, será el 22 de marzo, dos semanas antes de la primera de las citaciones. La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa --todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente--, quienes comparecerán entre los próximos 7 y 27 de abril, una vez celebradas las elecciones autonómicas andaluzas. Para el resto de aforados el calendario es el siguiente: el primero en comparecer será el exconsejero José Antonio Viera, citado para el 7 de abril; después de que el 9 comparezca Griñán y Chaves lo haga el 14, el día 16 se ha citado al también exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. La última en comparecer será la senadora Mar Moreno, han informado fuentes del alto tribunal. La citación por el instructor del Supremo no modifica la situación procesal de los cinco aforados, que no están hoy 'más imputados' que ayer. IMPUTAR E IMPUTAR Una vez conocida la noticia, las reacciones políticas no se han hecho esperar.  El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha asegurado que su partido no tiene "ningún temor" a la citación de los expresidentes porque así podrán "explicarse", y ha recalcado que el PSOE fija en el juicio oral el momento de tomar medidas, por lo que no cree que deban renunciar ahora a sus escaños. Hernando ha defendido la aplicación del Código Etico en el caso de los ERES. La presidenta de la Junta de Andalucía fue la primera en hablar de la imputación como el momento de pedir responsabilidades el pasado noviembre, cuando dijo que reclamaría los escaños a Chaves y Griñán si son imputados. Preguntado por este asunto en una entrevista la semana pasada, el máximo dirigente del PSOE dijo tener la "misma posición" que Susana Díaz. Sánchez explicó que los socialistas han puesto "una línea roja para la asunción de responsabilidades" en el momento de la apertura de juicio oral, si bien apuntó que se valorará tomar medidas ante una imputación en función de la "gravedad" de los hechos. Fuentes socialistas han vuelto A recordar este martes que tanto Sánchez como Díaz "matizaron" después sus palabras, para subrayar que se habla de la "imputación de delitos" y no de la citación para declarar en calidad de imputados. DISCREPANCIAS EN EL PP No ve así las cosas el Partido Popular. El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reclamado al secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, y a su homóloga en Andalucía, Susana Díaz, que "de manera inmediata" exijan a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán sus actas como diputado y senador. En Antequera, donde ha visitado una cooperativa, ha sido cuestionado por los periodistas sobre esta citación, que ha considerado "la crónica de una imputación anunciada" y ha insistido en que es una situación "gravísima", informa Europa Press. Moreno ha recordado que los dirigentes socialistas "dijeron que si Chaves y Griñán eran imputados les pedirían sus cargos", por lo que ha reclamado "coherencia" al líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien "fulminó" a la dirección del Partido Socialista de Madrid (PSM), por presuntas irregularidades en el tranvía de Parla. "Esa fue la justificación y si actuó así en Madrid tendrá que actuar con mucha más contundencia en Andalucía porque es mucho más grave", ha añadido el líder de los 'populares' en esta Comunidad autónoma. La opinión de Moreno contrasta, en cambio, con la de Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, para quien la imputación no es motivo suficiente para dimitir, aunque sí lo sería la apertura de juicio oral. La posición de Hernando es, en realidad, la misma que la del PSOE. EL CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA En la providencia dictada por el instructor del Supremo, que lleva fecha de este lunes, se señala que una vez analizada la pericial presentada por Griñán, los peritos de esta institución pública deben ampliar su informe para hacer frente a las contradicciones señaladas por el dictamen de parte. En este documento, que firman los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago poniéndose a las tesis de la Intervención General del Estado (IGAE) de considerar delictivas las denominadas "transferencias de financiación". Por otra parte, Jorge Barreiro se refiere a las actas de las sesiones celebradas por la Comisión General de Viceconsejeros denominadas "consejillos" por el exconsejero de Empleo e imputado por el Juzgado de Instrucción número 6, y que eran presididas por el correspondiente consejero de Presidencia con el fin de preparar los temas a tratar en los Consejos de Gobierno. LAS ACTAS DE LOS CONSEJILLOS A este respecto, y previo examen de estas actas, se solicita a los peritos de la IGAE informar al instructor sobre los temas que se trataban en estos "consejillos" relativos a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda "y a cualquier proyecto normativo relacionado con la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas" a diferentes empresas andaluzas. El instructor también quiere que los peritos de la Intervención General le informen sobre las decisiones que la Comisión General de Viceconsejeros adoptaba respecto a personas físicas en el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Además, pide a la Junta de Andalucía que aporte los documentos firmados por las personas competentes en las Consejerías de Empleo e Innovacón, Ciencia y Empresa, que eran remitidos a la Dirección General de Presupuestos dependiente de Economía "con las propuestas de anteproyecto de presupuestos de cada uno de los años comprendidos en el periodo 2000-2012, ambos inclusive". Jorge Barreiro también pide a la Junta que le entregue los documentos firmados por la persona que ejercía las competencias presupuestarias en la agencia de innovación investigada por la juez Mercedes Alaya IFA-IDEA -que presuntamente tramitaron las ayudas irregulares-, y que estén relacionadas con la remisión al órgano gestor de la Consejería de Empleo hasta 2004; y al órgano gestor de la Consejería de Innovación a partir de 2005. Otra documentación requerida a la Junta es la acreditativa de la entrada en la Consejerría de Economía de los documentos referidos a los papeles anteriormente nombrados; los escritos por los que el Consejero de Economía remitió el ateproyecto de Presupuesto para el periodo 2000-2012 y la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluza en los que se decidió remitir el Proyecto de Presupuestos al Parlamento en el mismo periodo.