El Consejo de Ministros ha acordado este viernes plantear un conflicto positivo de competencia al Gobierno de la Junta de Andalucía por la convocatoria para la subasta de medicamentos y ha solicitado la suspensión de la norma, según consta en la documentación publicada por el Gobierno este viernes. De esta forma, será la tercera vez que el Ejecutivo lleve al Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa andaluza.
Plantea un conflicto de competencia al Gobierno de la Junta
El Gobierno presenta este conflicto de competencias contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.
Necesaria impugnación
El Estado considera que es necesaria la interposición de conflicto de competencia al tener en cuenta sus propios antecedentes (impugnación de la Ley de Farmacia de Andalucía, de 2007), y de una Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 2012 y, además, porque la resolución motivo de la impugnación es la segunda de las que se han dictado en el mismo sentido por el SAS para anunciar la convocatoria para la selección de medicamentos.
Financiación no prevista en la normativa
El Gobierno señala que en su contenido establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal, "con la consecuencia inevitable, además, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud".
Vulnera las competencias estatales
Con ello, considera que "se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal".
Incideo en la salud de la ciudadanía
Así, cree que esta cuestión "puede incidir de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía", más allá de un conflicto competencial entre administraciones, "al ser competencia exclusiva del Estado la de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".
Respuesta de los socialistas andaluces
El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha denunciado que hoy se ha producido "una nueva agresión a Andalucía por parte del Gobierno del PP. Lo que ha hecho hoy el Gobierno de España, impulsado por la ministra Mato, es una agresión que va contra los más débiles y busca hacer daño en el sostenimiento de la sanidad pública andaluza".
El Gobierno quiere impedir que Andalucía ahorre 200 millones
En declaraciones previas al acto sobre el Pacto por Andalucía organizado en la sede del PSOE de Granada, Mario Jiménez ha manifestado que "el Gobierno del PP está intentado impedir que Andalucía pueda ahorrar 200 millones de euros en la sanidad pública".
Agresión contra Andalucía y contra el TC
Mario Jiménez ha indicado que "es una vergüenza que Ana Mato forme parte del gobierno de España y siga administrando la sanidad y los servicios sociales de este país". "El anuncio del tercer recurso constituye una agresión contra Andalucía, contra los andaluces, pero empieza a ser ya una agresión contra el Tribunal Constitucional. Y llama la atención que lo haga un gobierno sobre el que recae la sombra de la sospecha", explicó.
"Una desvergüenza política"
"Es una desvergüenza política que este Gobierno haya empezado una guerra contra el Tribunal Constitucional, que haya obviado que el Tribunal Constitucional por dos veces ha levantado la suspensión de la subasta, una iniciativa que sólo persigue ahorrar y preservar los servicios públicos y el empleo".
