Cristina Ruiz, que figura como número 22 de la lista de José Antonio Nieto, un hombre de Arenas, gestionó el ERE cuando era gerente de la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) de Córdoba y se verificó durante 2006. Durante el proceso, Ruiz trató directamente con el por entonces director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, uno de los principales imputados en una trama que salió a la luz a raíz del caso Mercasevilla.

Un total de 17 irregularidades
Tanto la prensa provincial (Diario "Córdoba") como la regional (El Correo de Andalucía) destacan en primera y en sus portadas este caso que termina devolviendo como un boomerang el caso ERes al PP. Los casos detectados están asociados a dos empresas que en su momento pertenecieron a esta asociación, Promi Forja y Muebles Promi de Madera, ambas radicadas en Cabra, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que ya se ha incluido en las diligencias judiciales. La suma de los ocho prejubilados ajenos a estas empresas y las nueve anomalías más hacen un total de 17 irregularidades, lo que convierte a esta firma en una de las que más acumula de todas las investigadas hasta la fecha.

Desvinculan esta situación de Promi
Cristina Ruiz era la gerente de Promi cuando se pusieron en marcha estos expedientes, a lo largo de cuya tramitación acabaron incorporándose estos casos irregulares, de personas que nada tenían que ver con la empresa. Fuentes consultadas por este periódico desvinculan esta situación de la gestión en sí de Promi, una fundación con gran reconocimiento que lleva a cabo una importante labor social en Córdoba desde 1970.

Incorporada a la lista del PP aspirante a la Alcaldía de Córdoba
Precisamente, Ruiz se ha incorporado a la lista que lidera José Antonio Nieto, aspirante a la Alcaldía y presidente del PP, como uno de sus nuevos fichajes con el objetivo de cubrir la cuota social de su candidatura. En la misma lista van también destacadas personalidades como la actriz Eva Pedraza o el exportero internacional Miguel Reina.



"Discrepancias administrativas"
Hasta la fecha, y tras la investigación interna que llevó a cabo la Consejería de Empleo a raíz de que se detectaran prejubilaciones falsas en el caso Mercasevilla, se concluyó que hay 72 intrusos y 111 “discrepancias administrativas” en el total de 64 ERE vivos (cuyos beneficiarios todavía están cobrando), según los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía. Los casos detectados en estas dos empresas de Promi se incluirían entre estas cifras conocidas, ya que –pese a que inicialmente esta firma no aparecía en el listado con irregularidades– afloraron tras la última actualización llevada a cabo por Empleo.

Prejubilación de 13 trabajadores
Entre la documentación que se intercambiaron Cristina Ruiz y Javier Guerrero figura el fax que se reproduce junto a estas líneas, en el que Ruiz detalla que se incluirá en el ERE a una persona de 49 años “con la que adquirimos el compromiso de una vez cumplidos los 50 prejubilarlo”. Asimismo, le pregunta al exdirector general de Trabajo que “¿cuándo se pueden hacer efectivas las prejubilaciones para que no sigan acumulando deuda en sus nóminas?”. Este documento, enviado el 10 de febrero de 2006, está centrado en concreto a Promi Forja para la prejubilación de 13 trabajadores.

El segundo caso que salpica al PP
Este caso es el segundo que sale a la luz que salpica al PP. El primero fue el ERE de Minas de Riotinto, que se aprobó cuando el delegado del Gobierno en Andalucía era Juan Ignacio Zoido, actual portavoz municipal del PP en Sevilla y candidato a la Alcaldía.

El propio Guerrero, de manera individual llevó a cabo estas operaciones
Este último caso ya fue esgrimido en su momento por el PSOE para argumentar que el caso de las perjubilaciones falsas no se trata de una trama institucionalizada que beneficie a militantes o simpatizantes socialistas, sino que era el propio Guerrero el que de manera individual llevó a cabo estas operaciones.

Guerrero fue destituido
El exdirector general de Empleo fue destituido el mismo día que firmó una póliza para implicar a la Junta en el pago del ERE de 2007 en Mercasevilla, un compromiso que la Administración andaluza no reconoce como válido.