El Gobierno central considera la vivienda un activo financiero
sigue La consejera ha descrito la existencia de dos modelos “completamente diferentes” en la forma de afrontar la crisis desde las administraciones, más concretamente en el caso de la vivienda. “El Gobierno central continúa actuando de espaldas a la calle y considerando la vivienda un activo financiero; el Gobierno andaluz escucha a la sociedad civil organizada y considera la vivienda un derecho humano”, ha añadido Cortés, que ha recordado que el Decreto-Ley da respuesta a una situación “insostenible”.
"La Consejera ha decidido actuar"
En ese sentido, ha asegurado que “no es aceptable que mientras el Instituto Nacional de Estadística establece que en 2011 había casi 650.000 viviendas vacías en Andalucía, sepamos que desde 2007, año de comienzo de la fase más dura de esta crisis-estafa, se han producido en nuestra comunidad casi 90.000 desahucios”. “Cientos de miles de personas, en especial los jóvenes, tienen problemas gravísimos para acceder a la vivienda. Y mientras la renta familiar disponible ha descendido más de un 20% desde el inicio de la crisis, los precios del alquiler se resisten a bajar en respuesta a la demanda. En España el índice de alquiler con respecto al total de tenencia de vivienda no llega al 17%, mientras en Europa supera el 33%”, ha relatado la consejera. Y ha añadido: “La Consejería ha decidido actuar”.
Agradece la fantástica acogida social del Decreto-ley
La consejera ha repasado los elementos fundamentales del Decreto-Ley, desde las sanciones a personas jurídicas que tengan viviendas declaradas deshabitadas a los incentivos a personas físicas. Cortés ha afirmado que, “si en términos puramente financieros son los ciudadanos los que mayoritariamente están en deuda con los bancos, en términos morales y sociales los bancos son los deudores con la sociedad”. La consejera ha agradecido la “fantástica acogida social del Decreto-Ley”, que ha contado con un “valioso respaldo desde el ámbito jurídico, así como de los colectivos dedicados a la defensa del derecho a la vivienda”.
La norma andaluza es “un punto y seguido” del Gobierno andaluz
La consejera se ha detenido en la expropiación temporal del uso, por un máximo de tres años, que el Decreto-Ley establece como posibilidad para aquellas viviendas embargadas por las entidades financieras a personas en riesgo acreditado de exclusión social. “Salimos en defensa del derecho a la vida y de la salud física y psíquica de las personas que lo están perdiendo todo”, ha apuntado la consejera, que ha destacado que esta normativa “aproxima a Andalucía” a otros países, caso de Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda o Dinamarca, con legislaciones en materia de defensa del derecho a la vivienda “mucho más garantistas”. “Este Decreto-Ley es sólo un primer paso, un punto y seguido en las políticas del Gobierno andaluz para defender el derecho a la vivienda”, ha señalado la consejera.
Orden para detectar las viviendas deshabitadas
Cortés ha detallado que la Consejería está elaborando actualmente la orden que aprueba el plan extraordinario de inspección que permitirá detectar las viviendas deshabitadas, así como la orden de medidas de fomento del alquiler para personas físicas y el reglamento regulador del registro de viviendas vacías. La consejera ha afirmado que su departamento, a través de las oficinas en todas las provincias del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, está recogiendo solicitudes de familias para proceder a la expropiación temporal del uso de sus viviendas. “Son gente que está al límite, a la que lo último que le queda es un techo”, ha afirmado Cortés, que ha añadido que la Consejería estudiará cada caso para, si se ajustan a los requisitos establecidos por el Decreto-Ley, proceder a dicha expropiación.
