Uso indebido del procedimiento
En definitiva, para el Grupo Socialista ha habido un uso indebido del procedimiento por parte dela Dirección Generalde Trabajo y Seguridad Social, órgano competente para la concesión y tramitación de las ayudas, y concretamente por parte del titular del mencionado órgano, desde el año2001 a2008, periodo donde se aprecian especialmente y, según la investigación realizada, en su mayor parte las actuaciones indebidas. Un uso indebido que ha derivado en la inclusión en pólizas de seguros de renta a trabajadores que no trabajaron en las empresas de referencia; en presuntos desvíos de fondos a otras personas o para fines distintos a los legítimamente previstos y en las presuntas concesiones de ayudas directas a empresas para fines distintos a los previstos
Actitud proactiva del Gobierno andaluz
Desde el Grupo Socialista se puntualiza que la actitud del Gobierno andaluz ha sido siempre proactiva a favor de un conocimiento exhaustivo de todo aquello que pudiera haber permitido un mal uso de los fondos legales destinados a ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, en este sentido, por parte del Gobierno, se puso en conocimiento dela Fiscalía la existencia de presuntos hechos delictivos que dieron lugar a la investigación judicial que se abrió al efecto, donde la Junta de Andalucía se ha personado como acusación en el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, manteniendo desde el inicio una actitud de máxima colaboración con la Justicia que ha sido continuada en el tiempo.
Recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones, el Grupo Parlamentario Socialista propone las siguientes recomendaciones:
- Con el objeto de mejorar y perfeccionar el alcance del control financiero permanente, se propone instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a modificar el Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen, presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.
- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a ampliar en los Programas de Control de subvenciones y ayudas todas aquellas disposiciones dinerarias que no son subvenciones.
- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a desarrollar normativamente las figuras de financiación de los entes públicos para lograr un mayor ajuste entre sus actividades y sus fuentes de financiación.
- Con el objeto de mejorar y perfeccionar el actual sistema de concesión de ayudas, incentivos y subvenciones se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que impulse una reforma de la actual normativa aplicable a estas concesiones donde se mejore el sistema de fiscalización, publicidad y transparencia en estos procedimientos administrativos.
- Que en el marco de la modernización de la Administración pública andaluza, y para alcanzar unos servicios públicos de calidad, se inicie por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía la elaboración de un código de buena conducta aplicable a todos aquellos que intervengan en un procedimiento administrativo.
- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que inicie los trabajos dirigidos a la elaboración de una Ley de Transparencia donde se mejoren todos los procedimientos administrativos y se facilite el acceso a los ciudadanos para acercar a estos a la Administración, siempre y cuando no se vulneren los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- En aras a conseguir un sistema fiscal y de ayudas más justo, muy necesario en situaciones económicas como la actual, resulta necesario adoptar reformas legales que permitan facilitar de una mejor progresividad del sistema tributario y de apoyo a los más débiles. Asimismo, el fraude fiscal genera una injusticia social que ha que erradicarse puesto que provoca una menor aportación al sostenimiento de los gastos públicos y, en consecuencia, hace que sobre los demás contribuyentes pueda recaer una mayor carga fiscal. Por ello, y para profundizar en la progresividad tributaria y de solidaridad, y evitar el fraude fiscal y social, instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía para que mejore la actual normativa tributaria donde se incluya una Ley Andaluza Contra el Fraude Fiscal y Social y un plan de choque contra el fraude fiscal.
- En el mismo sentido que la anterior recomendación, la persecución contra el fraude social debe primar entre los objetivos de la Administración autonómica de la Junta de Andalucía puesto que, al igual que el fraude fiscal, supone una injusticia social al producirse un desvió de los fondos público a favor de personas o entidades sin tener derecho a ellos. En su virtud, la colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones es importante para detectar y perseguir fraudes, tratando de promover entre la ciudadanía una campaña de concienciación y colaboración en esta dirección.
