La prevaricación y malversación en Mercasevilla, investigadas en la pieza judicial relativa a un presunto delito societario, habrían sido cometidas por ejecutivos de la empresa semipública y trabajadores de la misma, pero no por responsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla. El ex director general y principal acusado, Fernando Mellet, ha fracasado finalmente en un intento de involucrar al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al exconcejal también socialista Alfonso Mir.
Está pendiente el destino procesal del parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez, para quien la Fiscalía también ha pedido el procesamiento aunque, al ser aforado, la decisión depende del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía..
Además de Mellet, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, propone el procesamiento de otras 13 personas en la causa y archiva la investigación respecto a cinco imputados, entre ellos es exdirectivo Daniel Ponce. Las partes tienen ahora diez días para solitiar la apertura de juicio formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.
Servicios ficticios
Los nombres incluidos por la juez en su auto de procesamiento son el propio Mellet; el expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela; su hija Carmen Vela; ocho trabajadores que se acogieron al ERE de 2007; la directora de contabilidad de Mercasevilla, Pilar Giraldo; y los administradores de la empresa Hermes Consulting Francisco José González García y Francisco Limón Romero.
La instructora ve "indicios racionales" de que todos ellos participaron en “la disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna" y en la falsificación de documento mercantil por "la confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios".
Una beca simulada
El auto relata, entre otros extremos, que Francisco José González, "en connivencia" con su cuñado Francisco Limón y con Fernando Mellet, "facturaron a Mercasevilla en los años 2003, 2004 y 2008 diversas cantidades en virtud de un contrato simulado de prestación de servicios y con ocasión de supuestos informes relativos a los expedientes de regulación de empleo", lo cual "generó el pago por parte de Mercasevilla de un total de 111.630,45 euros".
La juez también procesa al que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, porque "indiciariamente recibió de Mercasevilla" 76.000 euros "como mera liberalidad" a través del "cobro injustificado del importe de unos palets" en los años 2007 y 2008, y a su hija Carmen Vela como beneficiaria del pago de una "supuesta" beca.
El caso Torrijos
Esta pieza societaria no es la única –ni siquiera la principal– sobre Mercasevilla que investiga la justicia desde hace más de cinco años. Después de numerosas demoras, alguna de ellas atribuible a errores de bulto en la instrucción de la juez Alaya, para el próximo día 19 está fijado el inicio del juicio por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay diez personas acusadas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos.
Ese próximo 19 de diciembre es la fecha para la presentación de las cuestiones previas. Una vez concluido el trámite de presentación de cuestiones previas, el juicio propiamente comenzará el 17 de enero del próximo año y se prevé que concluya el 10 de marzo.
El caso Rivas
Pero la pieza judicial más célebre del caso y al que generó más ruido político fue la relativa al delito de cohecho que habrían cometido responsables de Mercasevilla al exigir una comisión de 450.000 euros a empresarios del restaurante La Raza, a cambio de otorgarles la gestión de la escuela de hostelería promovida por la lonja municipal.
El principal encausado fue el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, inicialmente condenado por un jurado popular. La condena fue ratificada por el TSJA pero más tarde, en junio de 2014, Rivas fue absuelto por el Tribunal Supremo, que en cambio sí condenó a 600.000 euros de multa y 21 meses de inhabilitación a los directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce. La instrucción de esta pieza, origen del caso de los ERE, corrió a cargo de la juez Mercedes Alaya.
