En el tiempo que he tardado en escribir estas líneas han sido despedidas varios cientos de personas en nuestro país. No es menos cierto que también es posible que hayan sido contratadas otro buen puñado de ellas.

El mito del empleo indefinido se acrecienta. El empleo que se crea en nuestro país es temporal, precario y estacional. Y el ritmo sigue subiendo. Si en 2010 se firmaron 13.188.000 contratos temporales, en 2018 han sido 20.000.000.

Primera conclusión: la entrada y salida del mercado de trabajo se acrecienta en términos absolutos. La frialdad de la estadística nos pone ante un escenario de absoluta volatilidad del mercado de trabajo.

Segundo. Las condiciones de trabajo se han deteriorado hasta límites insostenibles. No hace falta mucha argumentación. Sobre la precariedad, la temporalidad y la estacionalidad descansan los números de altas y bajas de afiliación a la Seguridad Social; el empeoramiento progresivo de la situación por la que transita la clase trabajadora es otra evidencia: la pérdida de salario, el aumento de la jornada de trabajo, la ineficacia del convenio colectivo -la reforma laboral permite el descuelgue del convenio a las empresas- y las facilidades para el despido individual y colectivo -abaratando los costes y suprimiendo las garantías de las plantillas- han terminado por componer el escenario de una realidad que golpea diariamente a millones de personas.

Tercero: la desprotección de la clase trabajadora. La aparición de nuevas fórmulas de explotación laboral como el de la figura del falso autónomo para evadir las responsabilidades sociales de las empresas -altas, cotizaciones, derechos- en los sectores de la mal llamada economía “colaborativa” -transporte, servicios, turismo, ocio…- se unen a la ya tradicionales que campan a sus anchas hace años por las empresas: gente sin contrato, sin alta en la seguridad social, o con contratos de un par de horas al día que se convierten en jornadas de ocho horas o más en hostelería, servicios, comercio, turismo ó agricultura, por ejemplo.

Cuarto: las garantías para exigir el cumplimiento de la legalidad. El trabajo de las organizaciones sindicales se ha demostrado insuficiente. Queda para otro momento analizar el papel del movimiento sindical en la última década, ese es un debate sereno, profundo y necesario. Y el despliegue de la Inspección de Trabajo no alcanza sino un porcentaje minoritario del fraude, el abuso y la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, si no se topa con una legislación favorecedora de estas prácticas anti laborales. O lo que es peor, con una cierta inercia o laxitud que hace ineficaz en muchos casos la labor de garante del cumplimiento de la ley.

Llegados hasta aquí, hemos listado muy brevemente que las características del empleo; las condiciones de trabajo de hombres, y sobre todo mujeres; las nuevas fórmulas de explotación laboral; el marco legal de la contratación y el papel de vigilancia de las AAPP; son algunos de los determinantes que han pauperizado de manera brutal las relaciones laborales en nuestro país. Si buscáramos que tienen en común cada uno de esos elementos podríamos concluir que las reformas laborales operadas en la legislación laboral han puesto mucho -pero mucho- para que la siembra de la desprotección, la injusticia, la desigualdad, el fraude y el abuso -cuando no explotación- laboral hayan germinado y tengamos a una clase trabajadora mucho más alejada de un horizonte de estabilidad y condiciones dignas.

Esas reformas laborales han sido siempre una decisión de los Gobiernos para favorecer los intereses de la patronal en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. Siempre.

Y han sido favorecidas ora por un gobierno del PP, ora por un gobierno del PSOE.

Son las políticas, en plural, las que han menoscabado los derechos de las trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Las políticas de bipartidismo en clara concomitancia con los intereses del capital.

(*) Nacho Molina es parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla.