La Junta de Andalucía celebra este 19 de junio el primer aniversario de su segundo mandato, con el que se libró de los pactos con Vox y Ciudadanos, hace un año. El presidente Moreno Bonilla pregona que este último año la comunidad más poblada de España ha alcanzado “uno de los mayores impulsos de su Historia”, ya que Andalucía “compite” con los mejores y atrae inversiones gracias a su estabilidad.

Lejos de ese escenario con el que los populares se autorretratan, el escenario político andaluz sigue sin embargo enturbiado por la polémica gestión de Doñana y la proposición de Ley (PL) de PP y Vox. La Junta vendría a legalizar cientos de hectáreas de regadío que hasta ahora, eran consideradas ilegales. Con los populares celebrando su año de mayoría absoluta, los pasillos del Parlamento eran un hervidero de reuniones para frenar la legalización de regadíos.

A pesar de las numerosas reacciones que provoca en contra, la PL continúa su tramitación legal. Moreno Bonilla afirma que hay que buscar soluciones y abre el texto a modificaciones por enmiendas. Sin embargo, las alegaciones que surgen son extensas y de tal profundidad que la oposición pide paralizar la tramitación de una PL que, más que una solución, está provocando cismas sociales sin precedentes.

Desde el PSOE–A ofrecen a Moreno Bonilla pactar ya para establecer una hoja de ruta que evite más enfrentamientos. “Doñana merece un pacto por Doñana, no una guerra”, ha dicho el secretario general socialista, Juan Espadas, que ofrece al presidente andaluz la posibilidad de reunirse cara a cara para trazar un consenso.

“Que me llame y le presentaré nuestra propuesta escrita”, dice Espadas, que quiere cerrar un pacto lo antes posible, de hecho, pide una reunión en San Telmo (sede del gobierno autonómico) antes de próximo 28 de junio, cuando está programada el próximo debate de política general del Parlamento andaluz. Los socialistas afirman que el formato de enmiendas no permite abordar un texto de garantías para un acuerdo que afecte a la gestión de los recursos hídricos, de la agricultura y de la protección de la mayor joya ambiental de la península Ibérica.

A la izquierda de los socialistas, la agenda también es intensa. Las agrupaciones Por Andalucía y Adelante Andalucía se reunían con las entidades que fueron vetadas por PP y Vox en la comisión parlamentaria del martes 13 de junio. Los expertos cuyas voces son incómodas para la tramitación de esta PL pertenecen mayormente al movimiento ecologista, pero también hay agrupaciones de agricultores y científicas.

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, tras la reunión con dichas entidades señala que la PL no “soluciona los problemas que hay sobre la mesa, sino que los agrava”. Muestra de ellos es el cisma entre los propios agricultores.  Entidades como Puerta Doñana piden al gobierno andaluz un frenar la Ley y buscar un plan dialogado, “no podemos seguir cultivando sino es de la mano de Doñana y con Doñana”, afirma el portavoz Manuel Delgado.

Puerta Doñana representa la voz de los agricultores más reacios a la ley del PP. Representa a los agricultores de Almonte con más de 4 mil hectáreas que representan más de la mitad del territorio afectado por la PL.

Desde el ámbito académico, el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral señala al tipo de explotaciones y propietarios que promueven la PL. "El 87% del agua la está utilizando el 10 por ciento" de los agricultores, señala el investigador. Respecto al terreno afectado, los datos oficiales confirman que el 90% de los propietarios de las explotaciones legalmente reconocidas disponen del 20% de la tierra y el 10% de propietarios el 80% de la tierra, datos que “sorprenden" a los investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua que alertan de que nueva Ley volverá a generar un reparto desigual de “muchos con poco y pocos con mucho".

Que la Ley distas mucho de propiciar soluciones a un problema, como asegura el PP, lo evidencia el hecho de que en apenas una semana acumula numerosas enmiendas, según señalan los participantes de la reunión. “Jamás una norma del Parlamento ha recibido tantas Enmiendas Ciudadanas”, asegura el responsable de WWF para Doñana, Juanjo Carmona.

La plataforma civil Salvemos Doñana también han presentado alternativas en forma de enmiendas para dar una salida al conflicto actual junto a los ecologistas de Seo Bird/Life, que piden afrontar la gestión de Doñana y su entorno con políticas comprensivas, a fin de evitar desastres ecológicos como los de las Tablas de Daimiel o el Mar Menor.

Al otro lado, la posición favorable a la legalización de los regadíos de la Junta la siguen representando en la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Su portavoz, Julio Díaz señalaba al PSOE que “el cauce para hacer las propuestas está en el seno de la tramitación de la PPL”.

De fondo a las divergencias emergen ejemplos inspiradores, patrones de acción diferentes y exitosos, esta vez sí, de la mano de Bruselas y de la legalidad vigente. Seis fincas de Doñana forman parte de un programa de innovación en regadíos que, con carácter pionero, han reducido en un 15,1% el consumo de agua mejorando el rendimiento de los cultivos en un 21,2% por cada metro cúbico de agua usado. Life4Doñana forma parte del esfuerzo que promueve la Comisión Europea por avanzar hacia una agricultura más sostenible, eficiente y ecológica. Un rayo de esperanza en el horizonte de Doñana.