La escena tuvo lugar ayer durante el Pleno del Parlamento de Andalucía. A su presidenta, Marta Bosquet, le costó gestionar la bronca provocada por un diputado de Vox cuando llamó hasta en dos ocasiones “Gobierno criminal” al Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez.

Las airadas protestas de la bancada socialista sirvieron de poco: Bosquet pidió al diputado ultra, Rodrigo Alonso, que retirara sus palabras pero este, lejos de hacerlo, se jactó de ellas con bravuconería mussoliniana: “No voy a retirar ni una coma de lo que he dicho, pero ojo, que nadie las retire, que consten en el diario de sesiones, porque nosotros estamos aquí porque más de 400.000 andaluces así lo quisieron”.

Alonso también dijo que los socialistas habían “destruido Andalucía” y que Blas Infante “no es padre de ninguna patria andaluza porque la única patria es España”.

Vox ha subido a su cuenta oficial de Twitter el vídeo de la intervención del diputado Alonso, acompañado de este comentario: “No os perdáis cómo los diputados del PSOE se han puesto a lloriquear a la presidenta del Parlamento porque desde Vox hemos llamado al Gobierno de Pedro Sánchez ‘Gobierno criminal’. Jamás dejaremos de decir las verdades que tan poco les gustan”.

"El Gobierno lo sabía"

El parlamentario ultraderechista deducía la “criminalidad” del Gobierno de Sánchez de que “desde enero de 2020” conocía el riesgo de pandemia y, sin embargo, autorizó y alentó las manifestaciones masivas del 8 de marzo.

La poco documentada acusación de Alonso parece basarse en el controvertido informe hecho en su día por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el que se apuntaba a la comisión de diversos delitos por el Gobierno de España.

El informe, plagado de conjeturas, bulos y errores, sostenía que el Ejecutivo "conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". La acusación de los agentes resultó clave para que la juez del caso imputara al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Como se sabe, finalmente la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acordó el archivo de la causa al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no había indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba al delegado.

La jueza concluía que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.