El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha apelado al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a dar una respuesta "fiable" ante los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía para no generar "desafección" en el sistema sanitario público. Maeztu se refiere a la información que la Defensoría requirió a la Administración andaluza hace tres semanas y que aún no ha recibido.

Así se ha expresado el Defensor en unas declaraciones a Cadena Ser este domingo, donde instó a la Junta a "acelerarse" en relación a la información solicitada por este órgano: "Le hemos pedido por qué no se informó; si eso se aplica a un hospital o a toda Andalucía; le pedimos datos sobre la atención sanitaria de número de mujeres pendientes de estudio; carga asistencial; casos dudosos o no concluyentes; tiempo de respuesta; personal disponible; radiólogos; cómo se evalúa el sistema de detección; si se ha actualizado desde 2022 y qué papel está desempeñando la nueva Comisión Asesora de Cribado".

En resumen, una serie de peticiones para esclarecer algo que, desde la oposición, llevan repitiendo durante el último mes: explicaciones sobre cuál ha sido el origen de los fallos y a cuántas mujeres ha afectado. Si bien es cierto, la Junta de Andalucía cifra en 2.300 las mujeres afectadas, aunque la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), ha reiterado que el número de afectadas "multiplica por diez" las indicadas por la Adminstración andaluza.

Investigación de oficio

Maeztu inició una investigación de oficio tras revelarse graves disfunciones en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDP-CM) en Andalucía. La Institución expresó su "honda preocupación" después de que testimonios, y la confirmación de la Consejería de Salud indicaran que, al menos, 2.000 mujeres con resultados "no concluyentes" no fueron informadas de su situación. Esta falta de comunicación puso en entredicho el objetivo esencial del programa de cribado y pudo comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sobre información clínica, expresaba el comunicado.

En respuesta, el pasado 16 de octubre el Defensor solicitó formalmente a la Consejería de Salud y al SAS información detallada sobre las razones de esta omisión, pidiendo aclarar si respondía a un protocolo y cuántas mujeres resultaron afectadas. También requirió datos sobre la atención prestada a las pacientes con lesiones "dudosas" (BI-RADS 3), incluyendo la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta y el número de mujeres pendientes de completar sus estudios. Además, pidió conocer los mecanismos de evaluación y gestión interna del programa desde el año 2022.

Esta investigación supuso la primera actuación de carácter general que el Defensor del Pueblo Andaluz abría sobre este programa en sus 30 años de funcionamiento, motivada por la alarma social generada. Maeztu recordó que el "derecho de las pacientes a conocer los resultados de las pruebas diagnósticas estaba amparado por la Constitución y la Ley de Autonomía del Paciente, y que su ausencia podía generar daños evitables y una pérdida de oportunidad asistencial.