El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha admitido a trámite una queja presentada sobre un proyecto de apartamentos planteado en la antigua Casa del Gobernador de Marbella (antiguas oficinas de Endesa), localizada en el interior del Castillo, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)-, una solicitud que tiene como objetivo defender y recuperar el edificio, según ha indicado su impulsor, Francisco Javier Moreno, Doctor en Historia del Arte.
El manifiesto en defensa de este bien patrimonial suma más de 600 apoyos. Ante la falta de transparencia y respuesta por parte del Ayuntamiento de Marbella y de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, que la queja haya sido admitida a trámite es un paso crucial en el protocolo a seguir por los requisitos establecidos.
La petición ha ido acompañada de "toda la documentación relativa al valor histórico y patrimonial" de la parcela, que alberga un edificio y un patio donde la compañía Endesa ha tenido su sede durante varias décadas. Este año ha sido adquirida por un grupo de inversores.
“El silencio es total, salvo alguna declaración aislada”
Según informaba en exclusiva Moreno a ElPlural.com, "el silencio es total, salvo alguna declaración aislada, el problema de este asunto es que surgió hace un mes y el ayuntamiento todavía no ha contestado, ni oficial ni extraoficialmente".
"Se está arrebatando a la ciudad y sus ciudadanos uno de los inmuebles de interés cultural con mayor presencia histórica y valor patrimonial. Por ello iniciamos el manifiesto, y cuando ya teníamos 100 adhesiones, que fue en 48 horas, enviamos el escrito al ayuntamiento, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz, con los puntos que nosotros solicitábamos y con un informe sobre la situación del inmueble, pero el único que nos ha contestado hasta ahora ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz", detallaba Moreno a este medio de comunicación.
"Dice que encaja en lo que establece la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y que, por tanto, apertura expediente”, además “lo que nosotros sabemos extraoficialmente es que lo ha comprado un inversor privado y que el ayuntamiento, cuando ha tenido la oportunidad de comprarlo, no ha hecho nada", añadía.
Es decir, se desconoce qué dijo al respecto el Consejo de Urbanismo, y la alcaldesa que según Moreno "no sabía tampoco que eso era una propiedad privada", pero el Doctor en Historia afirma que, por si esto fuera poco, "hay un plan director del Castillo aprobado desde el 2011, que se está ejecutando y que establecía la adquisición del inmueble. Ese plan director se envió a la Junta de Andalucía y la Junta dio el visto bueno. Entonces, no sabemos qué ha sucedido, que aparece un inversor privado y además nos enteramos también extraoficialmente que quiere construir once apartamentos en lo que es un único inmueble".
Parque arqueológico contra apartamentos
Cabe destacar que el inmueble está en el interior del Castillo, bien de interés cultural, que tiene un patio por detrás en el que hay constancia de restos arqueológicos desde el siglo XIX, restos romanos, restos medievales, califales, de todo tipo. "Y ahí, el plan director establecía la creación de un parque arqueológico en el patio y que la casa fuera un centro de interpretación”, revela Moreno sobre la situación previa a lo que está sucediendo con el Castillo.
"Nada de eso se ha atendido y de pronto aparece un inversor privado que se ha gastado una fortuna en comprar el inmueble. ¿Cómo puede ser que hayan permitido vender esto a este inversor cuando se supone que el inmueble tiene otro cometido?", se pregunta el historiador. Existe una ordenanza y normativa que impide el desarrollo urbanístico en el interior del Castillo. Está todo protegido. El desarrollo urbanístico, "que es lo que más nos preocupa", confiesa Moreno, "probablemente sea ilegal".
Una adhesión al manifiesto impresionante
Francisco Javier detalla que una treintena de profesores y catedráticos de la Universidad de Málaga, del Colegio de Arquitectos de Málaga, inclusive la Decana del Colegio de Arquitectos alcanzan la suma de unos 40 arquitectos y otros 40 abogados de toda la provincia. Así como personajes representativos de la sociedad civil de toda la provincia, se han adherido al manifiesto.
"Vamos a intentar defender el Castillo desde el punto de vista patrimonial y urbanístico. Vamos a llegar hasta el final", concluye el impulsor del manifiesto.
