Los datos, sobre la mesa: las mentiras de Moreno Bonilla en sanidad que chocan con la gestión de Montero

Con el telón de fondo de la crisis de los cribados en el cáncer de mama en Andalucía, el escenario político se ha visto inmerso en un cruce de reproches por la gestión llevada a cabo por la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla sobre la sanidad pública autonómica, tanto por esta cuestión actual como en el conjunto de su mandato y, desde el PP-A, muchas de las críticas devueltas a la oposición se han dirigido a la anterior etapa de la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al frente de la Consejería de Salud. 

De esta manera, son cuatro las claves en las que se remarcan las diferencias de gestión de la dirigente socialista al frente de la sanidad andaluza durante su etapa en la Junta con el escenario actual al mando del PP autonómico. 

Recortes de presupuesto

Sobre este contexto, pese a los distintos argumentarios que se puedan defender de un lado u otro, lo cierto es que los datos nunca mienten. Los populares de Moreno Bonilla han argumentado, en primer lugar, que durante la etapa de Montero al frente de la sanidad andaluza "se produjo un recorte de presupuesto de 1.500 millones de euros": "En 2008, la sanidad contaba con una asignación de 10.307 millones de euros. En 2013, esa cifra cayó a 8.811 millones, lo que supuso una reducción del 15%. El mayor recorte anual se produjo entre 2010 y 2011, con un recorte de 566 millones en un solo ejercicio. En comparación, en 2022 el presupuesto sanitario alcanzó los 13.092 millones". 

Una afirmación que no es del todo cierta, puesto que la gestión de la vicepresidenta primera del Gobierno entonces en esta área comenzó en 2004 y cuando el gasto sanitario era de 7.025 millones, no en 2008. Asimismo, en su última etapa, en 2013, la cuantía fue de 8.811 millones. En cuanto a 2018, cuando actuó como consejera de Hacienda, el gasto de la sanidad pública andaluza ascendió a 10.184 millones. Una inversión en sanidad pública que se mantuvo pese a los graves efectos de la crisis del 2008; además, en los tiempos actuales bajo el mandato popular, Andalucía ha recibicido más que nunca financiación por parte del Gobierno central en esta materia.

Despidos de sanitarios

En segundo lugar, el PP andaluz señala que durante la etapa de Montero en sanidad, de 2011 a 2013, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "perdió 7.773 profesionales", es decir, una reducción del 8,2% del total. Un dato falso, puesto que el informe de la Cámara de Cuentas andaluz dice, literalmente, que “en el SAS, entre los ejercicios 2011 y 2013, se ha producido una disminución total del número de efectivos netos de 7.773,44 empleados”. 

En el Gobierno de Mariano Rajoy se reguló por medio de Real Decreto la jornada laboral ordinaria no inferior a las 37 horas y media, así como una tasa de reposición que se limitó al 10%. Esto declinó en un incremento de horas disponibles para cubrir los turnos de trabajo equivalente a 4.643,81 trabajadores. Entonces, y con el objetivo de no reducir el número de empleados se rebajó la jornada laboral del personal temporal al 75%, lo que se tradujo en mantener los 10.466 eventuales contratados.

Pese a este escenario, desde Andalucía y en materia sanitaria, en 2004 en el SAS había 80.017 efectivos, mientras que en 2013, con Montero aún al frente, ascendió a 92.711, lo que se traduce en un incremento durante su etapa como consejera de 12.694 trabajadores pese a los recortes estatales. En este contexto, cabe recordar que, tras el impacto de la pandemia de coronavirus, la Junta de Moreno Bonilla no renovó el contrato de hasta 8.000 sanitarios andaluces.

Listas de espera

Otro de los pilares de la sanidad pública se concentra en las listas de espera de pacientes, sobre la que los populares sostienen que más de 500.000 personas "no figuraban", es decir, el 60% del total en el sistema, situando así que más del doble de las cifras oficiales, por una mecánica del Ministerio de Sanidad, se encontraba en esta situación. Otro argumento falso. 

Bajo el mandato sanitario de Montero en la Junta, se desarrolló por primera vez un decreto de garantías máximas para intervenciones quirúrgicas, consultas externas y diagnósticos. En concreto, la norma andaluza contempla garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas en 700 técnicas, con un plazo máximo de 180 días. Para los 11 procesos más comunes, que incluyen 71 técnicas, la garantía es de 120 días. Y para determinados procedimientos quirúrgicos en cirugía cardiaca la garantía es de 90 días. Una información que se recoge oficialmente tanto en el SAS como en el Ministerio, por lo que es falso que se haya ocultado cualquiera de estas cifras de listas de espera.

No obstante, desde que comenzó la dirección de Moreno Bonilla, cabe reiterar que se añaden a ellas pacientes con patologías no incluidas en los decretos de garantías, así como haberse constatado algunas desapariciones en las demoras de las pruebas diagnósticas. En otros términos, se suman pacientes que no corresponden con las directrices de la norma, una dinámica que sucedió con la consejería de Salud en manos de Jesús Aguirre, ahora presidente del Parlamento andaluz, y que declinó en la derivación de pacientes a la sanidad privada. 

Con los datos más recientes en mano, en junio de este año ya hubo más de un millón de personas esperando a una operación o consulta en la sanidad pública andaluza, con un aumento de estas listas de espera desde junio de 2019 en un 25%. Asimismo, en cuanto los pacientes en espera para una consulta especialista por 60 días se ha incrementado en un 65%. 

Planificación de recursos humanos en el SAS

Entre el último de los puntos a remarcar, se contempla la planificación de recursos humanos en la sanidad pública andaluza, sobre la que el propio Moreno Bonilla dijo que no se ha realizado hoja de ruta alguna. Otra afirmación falsa, puesto que en la consejería de Salud de Montero, se impulsaron distintos estudios sobre las necesidades de los trabajadores del SAS. Sin ir más lejos, allá por 2006 se aprobó el Estudio de Necesidades de Profesionales Sanitarios y fue tres años después cuando se actualizó con vistas a 2039.

Sobre dicho esquema, se impulsaron distintas medidas ya en vigor, que pasan por la creación de un registro de profesionales, incremento de número de plazas para MIR, incentivos para trabajadores en zonas remotas y el espacio rural, seguimiento de especialidades, cupo de estudiantes específico, prolongación de la jubilación en el ámbito rural, procesos de estabilización de las plantilla y hasta el propio desarrollo de la carrera sanitaria. Pese a estas directrices, en los últimos años, Moreno Bonilla ejecutó contratos por meses e incluso días de sus facultativos, así como eliminar el requisito de exclusividad para los sanitarios del SAS.