El sabotaje de las compañías eléctricas al Real Decreto-ley 17/2021 del plan de choque del Gobierno de España, pendiente de convalidación esta semana por el Congreso, parece no tener límites. Empezó con el anuncio del cierre anticipado de centrales nucleares y continuó con los desembalses de algunas presas y el anuncio de la paralización de proyectos eólicos y fotovoltaicos. El último ha sido las paradas de centrales eólicas y solares el viernes 1 y el domingo 3 de octubre para encarecer el precio de la electricidad en las subastas diarias, que el Gobierno ha ordenado investigar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para determinar si la medida infringió la normativa legal y es sancionable o no.

La transparencia se le ha exigido por ley a las administraciones públicas en los países democráticos, pero hasta la fecha se ha avanzado muy poco en legislar contra la opacidad empresarial. Los grandes conglomerados empresariales multinacionales acumulan hoy más poder que muchos de los gobiernos de los países donde desarrollan sus actividades. 

Para progresar en la línea de una mayor transparencia empresarial el Parlamento Europeo aprobó el 10 de marzo de 2021 una resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, y que deben tenerse en cuenta en la futura ley sobre el deber de vigilancia de las empresas europeas, que prepara el comisario de Justicia de la UE.

En marzo de 2021 escribí en estas mismas páginas una columna titulada Fábricas transparentes sobre el poder de vigilancia de la ciudadanía sobre los procesos productivos de las industrias. Ahora se trata de plantear la necesidad de una red de videovigilancia de las centrales eólicas para poder controlar cuando paran y si se trata de una avería, una operación de mantenimiento técnico o de un presunto delito contra un servicio público esencial. Esta red de videovigilancia, que podría ser de titularidad municipal, serviría también para monitorizar el impacto ambiental sobre la fauna de las turbinas eólicas, algo que preocupa desde hace tiempo a las organizaciones ecologistas.

Sería este un ejemplo de videovigilancia colaborativa y cívica al servicio del interés público de consumidores y usuarios, algo muy distinto a uno de los pocos precedentes que hay sobre videovigilancia colaborativa que tuvo lugar en Estados Unidos por iniciativa de la extrema derecha xenófoba.

Entre 2008 y 2012 el estado norteamericano de Texas, fronterizo con México, mantuvo abierta una iniciativa público-privada diseñada para permitir a la ciudadanía participar activamente en la lucha contra la inmigración. La página web daba acceso libre a una red de 200 cámaras y sensores situados en áreas estratégicas a lo largo de la frontera y permitía a los usuarios denunciar cualquier actividad sospechosa en la frontera de forma anónima. 

Un informe publicado en 2016 por la artista e investigadora Joana Moll señala que el dispositivo tuvo 203.633 usuarios desde su inauguración en 2008 y permitió efectuar 5.331 detenciones, lo que significó casi un millón de horas de trabajo voluntario, no remunerado, para la oficina del Sheriff. El estado de Texas, gobernado por el ala más extremista del Partido Republicano, utilizó la videovigilancia y la participación ciudadana para azuzar la xenofobia y de paso ahorrarse un buen dinero en pagar horas de trabajo a su policía de fronteras.