El 15 de junio del pasado año un terremoto político sobresaltaba al PP andaluz tras las noticias que le llegaban desde Almería, el más importante nicho de votos de los populares en esta comunidad autónoma. Un destacado miembro de su partido y vicepresidente tercero de la Diputación provincial, Óscar Liria, era arrestado por la mañana por la Guardia Civil. Liria era además miembro del gobierno del Ayuntamiento de Fines -gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular - como responsable del área de Fomento y concejal de Medio Ambiente y Juventud. Liria es un veterano político del partido que todavía lidera Pablo Casado ya que desde hace una década es diputado provincial. En el momento de su detención aparecía en el staff del PP Andaluz en la Vicesecretaría General de Organización y Electoral como coordinador de Marketing.

Unos días después, el 23 de junio, en ese momento de plena crisis del Covid, agentes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) practicaban distintos registros en dos empresas del municipio de Fines. El propietario de dichas empresas era un presunto testaferro de ese miembro relevante del PP almeriense. Óscar Liria fue detenido por el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación irregular de contratos para la compra de material sanitario contra la pandemia. El terremoto de nuevo sacudía a los inquilinos de la calle San Fernando 39 de Sevilla, sede regional del PP andaluz.

Caso Mascarillas de largo recorrido

Inicialmente la operación se sustanció con 13 detenidos por la UCO coordinados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de Europol. Se abría así el llamado “Caso Mascarillas” que va a tener un largo recorrido según fuentes consultadas.

Sobres de 6.000 a 10.000 euros

El presunto testaferro de Liria ingresó después en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras su puesta a disposición judicial. La misma medida se le impuso también para el propio ex vicepresidente provincial así como para un empresario barcelonés que presuntamente pagó las comisiones. La causa de la investigación se basó en la contratación de material sanitario por parte de la Diputación de Almería, dirigida por los populares, a una de las sociedades del empresario catalán. Según esas investigaciones, por esas adjudicaciones, el entonces vicepresidente tercero percibió comisiones en sobres, que los agentes de la UCO hallaron en diversos pisos de Liria en Almería. Dichos sobres guardaban cantidades que oscilaban entre 6.000 y 10.000 euros cada uno hasta una totalidad de más de 150.000 euros.  

De la investigación se deducía que el cargo del Partido Popular podría presuntamente disponer de un testaferro para dirigir el dinero con el fin de blanquearlo. Los indicios apuntaban a un presunto cobro de comisiones por la adjudicación irregular de estos contratos de adquisición de material sanitario.

Detenciones y prisión

La jueza mandó a prisión a Liria, a su presunto testaferro y al empresario de Barcelona que presuntamente pagó las comisiones. Decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres ante el riesgo de destrucción de pruebas. También hay una orden de busca y captura para otro hombre, vinculado al narcotráfico, otra de las actividades delictivas en las que supuestamente está implicado el empresario catalán beneficiado por las adjudicaciones.

Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, se trataba del primer caso de adjudicaciones irregulares para el suministro de material sanitario para combatir la pandemia.

“Mordidas a políticos del PP con dinero de todos almerienses”

A raíz de estos sucesos el secretario de Política Municipal del PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, se preguntaba públicamente el verano pasado “cómo es posible que se llevaran, según el juzgado, 400.000 euros en mordidas políticos del PP de Almería y que aquí no haya ninguna responsabilidad política”. Criticó entonces el socialista que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, “no estableció los mecanismos de control para evitar que una supuesta trama de mordidas a políticos del PP con dinero de todos almerienses operara a sus anchas en la institución”.

Contrato de 2 millones de euros

Para los socialistas que están personados como acusación pública en el caso, lo que ha ocurrido “no es ni producto de la casualidad ni tampoco es responsabilidad de una sola persona” y creen que se trata de algo “que se puede deducir fácilmente si consideramos cómo se han desarrollado todos los hechos”. “Para un contrato de 2 millones de euros” ¿no se preguntaron de dónde salía esa empresa?, ¿esta era una práctica habitual en la adjudicación de contratos que venían de la mano del ex vicepresidente? Interrogantes que mantienen los socialistas tras lo ocurrido.

Se da la circunstancia de que el ex vicepresidente de la Diputación de Almería, que estuvo 13 días en prisión y que ahora está en libertad provisional, gestionó cientos de millones de euros en sus muchos años de gestión en la millonaria Área de Fomento.

Otros cargos del PP y otros contratos pasarán por los juzgados

El “Caso Mascarillas” se halla actualmente en fase de diligencias previas y va a traer un rosario de personas que pasarán por los juzgados de la capital almeriense, desde familiares de Liria hasta el diputado de Presidencia y responsable de Organización del Partido Popular almeriense. Este último declarará en calidad de investigado. Es cuando menos chocante que también han sido llamados a declarar responsables de otras contrataciones.

Fuentes consultadas nos dicen que el “Caso Mascarillas” solo acaba de empezar y que los 20  tomos que ya acumula “va a dar muchas sorpresas”.  

Ingredientes que nos trasladan del verano pasado a este invierno

Como titulábamos al principio vemos en este suceso muchos ingredientes que nos trasladan del verano pasado a este invierno: “contratos, comisiones, sobres con dinero, testaferros, compra de material sanitario y cargos del Partido Popular en medio de esta trama. Un viaje en el tiempo de Andalucía a Madrid… ya hubo un primer “Caso mascarillas” de corrupción del Covid.