El Gobierno de Juanma Moreno le ha tomado el gusto a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido practicando sin complejos desde el pasado 15 de febrero en que anunció la convocatoria de elecciones: la utilización del Consejo de Gobierno para aprobar medidas de gran impacto político pero de efectividad más que discutible, pues su entrada en vigor o bien tardará meses y hasta años, o bien –en el caso del Gobierno de España– su materialización dependerá de qué partido ocupe la Moncloa tras el 28 de abril y de cuáles sean sus socios.
El último anuncio gubernamental con inequívoco tufillo electoral lo confirmaba este fin de semana en Sevilla el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín: el Consejo de Gobierno que se celebrará el 23 de abril, cinco días antes de las elecciones, iniciará la tramitación del compromiso, incluido en el pacto de PP y Ciudadanos, de limitar a un máximo de 8 años los mandatos del presidente de la Junta y sus consejeros.
Los martes, escándalo
El Gobierno andaluz viene alternando con gran pericia los martes en los que desvela algún nuevo escándalo descubierto en la gestión de sus antecesores socialistas con los martes en los que anuncia la aprobación efectiva o la tramitación de medidas de impacto electoral.
Hace un mes el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, anunció que en las siguientes semanas el Consejo aprobaría un proyecto legislativo de reforma de la Ley de Gobierno de Andalucía para limitar el mandato del presidente de la Junta de Andalucía y de los consejeros a ocho años.
Reparto equitativo
Durante su comparecencia el pasado 14 de marzo en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz para hablar de las prioridades legislativas del nuevo Gobierno andaluz en 2019, Bendodo reclamaba a todos los grupos políticos que apoyaran esa iniciativa de regeneración.
En principio, la limitación de mandatos debería engordar la cuenta de resultados de Ciudadanos y no la del PP, ya que este último partido se ha subido en fecha muy reciente al carro de la regeneración, que, en cambio, siempre fue seña de identidad del discurso naranja.
Ambos partidos procuran repartirse equitativamente tanto la cuota de escándalos del pasado denunciados por el Gobierno como las iniciativas políticas y legislativas del futuro.
Tuya, mía, tuya, mía
En el Consejo de Gobierno del pasado martes, 9 de abril, se aprobó el decreto de rebajas fiscales en el IRPF, que no serán efectivas hasta el año que viene, y de bonificación del 99 por ciento –esta sí de aplicación inmediata– del impuesto de sucesiones a los herederos de primer grado que reciban más de un millón de euros por cabeza. La rebaja se la apuntó el PP.
En la reunión anterior del Gabinete, el 2 de abril, le tocó el turno a la Consejería de Educación de Ciudadanos: su titular, Javier Imbroda, anunció que el Gobierno había decidido iniciar la tramitación del anteproyecto de ley de medidas de apoyo a las familias en materia educativa, que contemplará la extensión progresiva de la gratuidad en el Primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) de aquí al final de la legislatura.
En esta ocasión, el ‘martes electoral’ fue más bien un fracaso porque el consejero Imbroda cometió el ‘error’ de anunciar en esa misma rueda de prensa una subida del precio que pagan ahora las familias no subvencionadas por llevar a sus hijos a las escuelas infantiles.
El anuncio a bombo y platillo del inicio por un Gobierno de los trámites para impulsar una nueva ley suele esconder la 'trampa' de que dicha tramitación, perfectamente reglada y bastante farragosa, rara vez es inferior a un año, mientras que el rendimiento electoral del propio anuncio de la futura ley suele ser inmediato.
