Salvo cuando se trata de protestas secesionistas o de movilizaciones en fechas muy señaladas e ideológicamente transversales, como el 1 de Mayo o el 8 de Marzo, es bastante excepcional que ministros o consejeros de un Gobierno participen en protestas contra otro de distrito color político. Pero, como tantas otras, también esa excepcionalidad podría estar en camino de dejar de serlo. 

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la almeriense Carmen Crespo, participa esta mañana en la concentración convocada en Madrid para que se mantengan los actuales aportes de agua del trasvase Tajo-Segura a los campos del sureste. El Gobierno de España ha planteado una reducción en consonancia con las necesidades del caudal ecológico del Tajo. Según los afectados, las provincias de Alicante, Murcia y Almería recibirían una media de 105 hectómetros menos (78 para regadío y 27 para abastecimiento de la población).

La participación de una consejera del Gobierno andaluz del Partido Popular en una manifestación crítica con el Gobierno de izquierdas de España contrasta con los reiterados reproches de este partido a la presencia de ministros en las manifestaciones del Primero de Mayo.

No es, en todo caso, la primera vez que el mundo rural sale a las calles para protestar contra el Gobierno. Ya lo hizo hace justamente un año, también en Madrid, cuando decenas de colectivos agrarios de perfil ideológico conservador se manifestaron, con el apoyo explícito de PP, Cs y Vox, para expresar su rechazo a “normativas incoherentes y actuaciones claramente orientadas a acabar” con la actividad agraria. "No vamos a consentir que unos 'salvapatrias' y unos 'comelechugas' sean los que nos impongan sus criterios de nuevo", proclamaba con retórica castiza Francisco Chan, presidente de la Asociación de Caza Mayor de Galicia.

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno se ha sumado a esta nueva batalla de la interminable guerra del agua que desde hace décadas enfrenta a políticos y agricultores del sureste español, por un lado, y de Castilla-La Mancha, por otro. La Comunidad Valencia, que preside el socialista Ximo Puig, forma parte del frente que defiende que se mantengan los caudales trasvasados, mientras que la castellano-manchega, presidida por el también socialista Emiliano García Page, lidera el bando contrario.

Desde el Gobierno de España, su vicepresidenta tercera Teresa Ribera abandera unos recortes hídricos que llegan en el peor momento político: a solo cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. Ribera defiende que el cambio climático, con la consiguiente sequía y el aumento de temperaturas ha obligado a revisar el denominado caudal ecológico del Tajo, en consonancia con los criterios medioambientales europeos. 

No piensa lo mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para quien los nuevos caudales ecológicos que recoge el Plan Hidrológico 2022-2027 “resultan excesivos". Moreno remitió ayer una carta a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para reclamar la comparecencia de la Comunidad Autónoma ante este organismo y exponer sus alegaciones al trasvase del Tajo-Segura, por cuanto "esta nueva planificación hidrológica", regulada en el proyecto de Decreto del Plan Hidrológico del Demarcación del Tajo, "contiene unas determinaciones gravemente lesivas para la Comunidad Autónoma".

Considera el presidente que la provincia de Almería no puede sufrir una merma de 20 hectómetros cúbicos del caudal que llega del Tajo, ya que “resultan imprescindibles para atender tanto el abastecimiento de la población como a una actividad económica esencial como es la agricultura de alto valor añadido que se lleva a cabo en el Levante almeriense".