Posible imputación de ex líderes regionales
Preguntada por la posible implicación de los ex secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, en el denominado "canon revolucionario", ha sostenido que "si se demuestra que son culpables que respondan ante la justicia". No obstante, ha recomendado a los periodistas que lean una normativa andaluza del 23 octubre del 2009 sobre la regulación de subvenciones de formación profesional. "En la misma existe un apartado que dice que el hasta el 20 % de los costes directos y asociados que están definidos en la subvenciones son legales", ha explicado, por lo que ha agregado que "habría que ver a qué tipo de subvención se refiere el sumario y si podría absorber ese porcentaje".
"Quiero que todo esto se aclare lo antes posible"
La dirigente de la UGT-A ha recalcado en varias ocasiones que si tuviera la información que consta en el sumario ofrecería más explicaciones y se ha comprometido a opinar sobre el mismo al sostener: "Yo soy muy transparente y quiero que todo esto se aclare lo antes posible".
No puede acceder a información
Interpelada por si el sindicato tiene previsto realizar una investigación interna a partir del contenido del sumario, ha recordado que la UGT-A ha tenido clausurado su archivo por orden judicial y que no ha podido acceder a la información que contiene. "El sumario me va indicar muchas cosas y vamos a comunicar las actuaciones que va a llevar a cabo el sindicato en breve, sin dilatarla en el tiempo", ha avanzado.
Situación delicada para el sindicato
Carmen Castilla ha reconocido que su sindicato atraviesa una situación "delicada", como otras organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones, ha matizado. "Estamos casi a diario en las portadas de los periódicos pero sin ninguna condena. No existe todavía ninguna condena firme que diga que en la UGT se ha cometido un delito y cuando lo haya, si lo hay, se tomarán medidas", ha sostenido.
Presunción de inocencia
Castilla ha admitido también que cuando el sindicato decidió renovar la Ejecutiva hace unos seis meses "sabíamos que había un problema de credibilidad" por las publicaciones en los medios de comunicación. Aún así, ha defendido la presunción de inocencia, al tiempo que ha rechazado que "se impongan estigmas" y ha confesado no haber mantenido ningún contacto con los ex secretarios generales.
