“Estos contundentes datos [de pobreza] estallan la realidad de Susana Díaz y la película que ella nos quiere vender”. Son palabras de la entonces portavoz del PP en el Parlamento andaluz y hoy consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tras conocerse en octubre de 2017 la estadística elaborada por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) en la que se certificaba que Andalucía se encontraba 13,8 puntos por encima de la media nacional en esta materia.
Crespo instó entonces a la presidenta de la Junta a comparecer a petición propia para dar explicaciones. También denunció que los Presupuestos de la Junta para 2018 no iban a paliar la situación de pobreza generada en Andalucía ni a favorecer la creación de empleo para ayudar a salir de la misma.
Y el 15 de noviembre de aquel 2017, el líder de la oposición y hoy presidente, Juan Manuel Moreno, escribía en su cuenta oficial de Twitter: "Desde que Susana Díaz gobierna #Andalucía: el paro sigue sin solución, las listas de espera crecen, hay menos camas en los hospitales y más andaluces en riesgo de pobreza. Queda claro que #SusanaEsElProblema". Acompañaba el líder conservador su reproche con un vídeo de animación elaborado ex profeso por su partido.
Ayer, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, y la presidenta de Unicef Comité Andalucía, Claudia Zafra, alertaban sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años (tasa Arope) en la comunidad.
Las cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de seis puntos respecto a 2020, hasta situarse en el 43,7%, (37,4% en 2020). Un dato que sitúa en esta infortunada franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, más de cuatro de cada diez.
Los socialistas le devolvían ayer al Gobierno del PP el argumento que tantas veces había esgrimido este partido contra la Administración socialista. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, le recordó al presidente Moreno Bonilla que Andalucía se situaba en el grupo de cabeza de la pobreza en España, sólo por detrás de Extremadura.
Los andaluces, dijo Espadas, “siguen esperando a que el Gobierno de Moreno Bonilla tome medidas, es muy urgente, familias con menor nivel de rentas no pueden esperar sin que la Junta arrime el hombro”. El líder socialista reclamó al presidente un “primer paquete de ayudas” para ayudar a esas familias vulnerables.
Según el informe conocido ayer, en los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de uno de cada diez, una tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%).
Igualmente, el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado; sin embargo, empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3%. De modo similar el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020.
Tales privaciones, analizadas dentro de la tasa Arope, repercuten de manera "muy intensa" en hogares con niños y niñas. Así, las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.
El Defensor de la Infancia y la Adolescencia y Univel reclaman "una mayor y más eficiente" inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.
Además, proponen situar la infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia
