Gran cantidad de documentación
En concreto, el PP aseguró en rueda de prensa que los camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación de la Diputación que, según informaciones periodísticas, estaba siendo destruida.
Destrucción de facturas
Un día después de la denuncia interpuesta por Caler, la Fiscalía recibió otra de los dirigentes del PP solicitando la apertura de una investigación sobre la supuesta destrucción de las facturas por si constituyera un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Archivadas las diligencias
La Fiscalía, que unificó en una misma investigación penal el cruce de denuncias, ha archivado ahora las diligencias, según ha informado hoy a los periodistas la fiscal jefe, Ana Tárrago.
No existe actividad probatoria suficiente
En cuanto al delito de calumnias, el auto de archivo argumenta que no existe actividad probatoria suficiente de su comisión en tanto en cuanto el hecho delictivo no se ha imputado a una persona en concreto, es decir, no se trata de una acusación personal dirigida a alguien porque los dirigentes del PP se limitaron "a denunciar unos hechos de los que habían tenido conocimiento".
Tampoco existe certeza
No existe tampoco la certeza, agrega la Fiscalía, de que los denunciados actuasen "movidos por un temerario desprecio hacia la verdad", en la medida en que acudieron a los medios y a un organismo oficial competente -el Ministerio Público- para poner de manifiesto unas presuntas irregularidades solicitando su investigación. La Fiscalía entiende justificada la actitud de los dirigentes del PP porque "se puede deducir de una manera lógica la importancia en apariencia de los documentos objeto de la denuncia, así como los efectos que habrían de producirse destruyendo o arrojando a la basura tales documentos".
No tenía encomendada la custodia
Respecto al delito de infidelidad en la custodia de documentos en su modalidad de destrucción, la fiscal aclara que no se le puede imputar al entonces presidente porque él no tenía encomendada la custodia, "sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pudiera incurrir, sancionable en otra jurisdicción".
Remitidas a la Agencia Española de Protección de Datos
Lo que sí hace la fiscal es remitir las diligencias a la Agencia Española de Protección de Datos para que valore si ha podido haber alguna infracción en el régimen de tratamiento de datos personales. Lo que ha quedado constatado tras la "laboriosa investigación policial", agrega la Fiscalía, es que el papel que llega a la planta de tratamiento y clasificación de papel y que es recogido de la Diputación está "únicamente destinado a reciclaje y no a su destrucción" al no estar sujetos esos documentos a un protocolo de custodia y confidencialidad.
No permite concluir la existencia de hechos que revelen una actividad irregular
También se ha comprobado que "se produjeron servicios de recogida adicionales en esa institución debido a una acumulación de papel", pero eso no permite concluir la existencia de hechos que revelen una actividad irregular, precisa la Fiscalía, que agrega que tampoco se ha podido determinar que los documentos objeto de investigación formen parte de los papeles que se retiraron para su reciclaje.
Escritos "sin interés"
Se trata en concreto de 80 documentos, de los que 60 se corresponden con facturas o justificantes de gasto y los 20 restantes con escritos "sin interés" sobre postales o recortes de publicidad, según la Fiscalía, que mantiene que, descartando los que carecen de valor contable, la Diputación tiene soporte informático de todos ellos, luego no se han perdido.
Existencia de hechos que revelen una actividad irregular
La Fiscalía basa su archivo en estos y otros motivos como el que no permite concluir la existencia de hechos que revelen una actividad irregular, en la sede del PP, de los 80 documentos investigados, ni que formen parte de los papeles que se retiraron para su reciclaje.
