El Tribunal Supremo ha archivado la parte del caso Gürtel seguida contra la diputada del PP María José García-Pelayo por falta de indicios de responsabilidad penal en su actuación cuando era alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz). El alto tribunal cree que la adjudicación fue arbitraria pero que la alcaldesa no lo hizo de forma intencionada.
El Alto Tribunal acuerda en un auto el sobreseimiento de la pieza separada denominada Gürtel-Fitur sobre los hechos investigados que se acotan al año 2004 en relación con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel año, así como otros expedientes para llevar a cabo actos en la plaza Mayor de Madrid.
Decisiones irregulares
El instructor del Supremo no cuestiona la relevancia penal de los hechos investigados, por el número de indicios que indican que la asignación de esos contratos se hizo de forma irregular. Lo califica de decisión arbitraria “al margen de todo procedimiento legal,beneficiando a unas empresas concretas que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”, porque la concesión del stand de Fitur fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de la celebración de la Feria de Turismo.
Trastrienda con aroma a tráfico de influencias
El auto califica de “creíble” el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable”.
