El grupo parlamentario Por Andalucía ha dado un paso decisivo esta mañana al registrar formalmente en la Cámara autonómica una Proposición de Ley Integral contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso. Esta iniciativa legislativa, impulsada y presentada por la portavoz adjunta del grupo, Alejandra Durán, nace con una clara vocación de vanguardia: aspira a ser pionera en España y convertirse en la primera norma de este rango y características en todo el territorio nacional si finalmente logra su aprobación parlamentaria.

Durán ha definido la propuesta como "urgente, necesaria y que no puede esperar más", lamentando que, aunque llega tarde, es imprescindible para dejar de "poner parches" ante situaciones críticas. La diputada ha destacado que el acoso escolar "no es un hecho aislado", sino un "problema estructural y social que exige una respuesta firme, unitaria y valiente por parte de las instituciones".

La dirigente de Podemos ha insistido en la gravedad de esta violencia, que a menudo germina y crece en el silencio —en los pasillos, los recreos, los grupos de chat y las redes sociales— mermando la autoestima de los menores, ha descrito. Para la portavoz, esta realidad representa "una de las amenazas más graves no solo para la salud mental, sino también para la dignidad, la integridad física y el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia" en Andalucía.

La norma propuesta se distingue por incluir un paquete de medidas de obligado cumplimiento que abarcará a todos los centros educativos de la comunidad, independientemente de su titularidad (públicos, concertados o privados). Entre las novedades más significativas para agilizar la respuesta institucional, se establece la obligación imperativa de comunicar a la inspección educativa cualquier denuncia o sospecha de acoso o ciberacoso en un plazo máximo de 48 horas, evitando así que los casos se dilaten o queden invisibilizados.

Asimismo, la ley busca eliminar cualquier barrera económica en la defensa de los derechos de los menores, garantizando por ley la asistencia jurídica gratuita para las víctimas. De este modo, se asegura que todas las familias afectadas cuenten con el respaldo legal necesario sin coste alguno, equiparando la protección ante el acoso a otras formas de violencia reconocidas.

Acompañamiento integral y cambio de modelo

El texto registrado pone un énfasis especial en la "reparación y el cuidado", reconociendo el derecho al acompañamiento psicológico, psicoeducativo y socioemocional como un servicio garantizado y universal. La ley estipula que este apoyo no puede estar condicionado a los recursos económicos del centro ni depender de la voluntad o sensibilidad del equipo directivo de turno, sino que debe ser un derecho subjetivo del alumnado. Del mismo modo, se blinda el derecho de las familias a participar activamente, ser informadas y ser parte de la solución en todo el proceso.

Según ha explicado la parlamentaria, el articulado de la ley es fruto de meses de trabajo colaborativo y escucha activa con familias afectadas, profesionales de la educación, colectivos y movimientos sociales. El objetivo último es transformar radicalmente la cultura educativa andaluza: sustituir la improvisación por la prevención sistemática, el silencio cómplice por la protección efectiva y la impunidad por la responsabilidad.

"Ninguna administración, incluida la Junta de Andalucía, puede mirar hacia otro lado cuando un solo niño o niña vive con miedo al volver a clase; cada caso es un fracaso colectivo", ha afirmado con contundencia Durán. La ley busca garantizar que la protección a la víctima sea inmediata y que la reeducación del agresor sea efectiva, sentando las bases de una Andalucía donde la diversidad y la diferencia nunca sean un motivo de sufrimiento o exclusión.