El Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Moreno Bonilla está 'atrapado' entre dos causas judiciales que investigan presunta malversación en la concesión de 235 millones de euros en contratos menores fraccionados en la provincia de Cádiz en 2021 y, por otro lado, un juzgado de Sevilla investiga supuesta prevaricazión del SAS por el abuso de la contratación de emergencia entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal de la pandemia, derogado por el Gobierno central en 2021.
Son actualmente dos causas judiciales en pleno recorrido. La última actualización la hemos podido conocer este mismo martes, adelantada por la Cadena Ser: el juez que investiga la presunta malversación en el troceo de contratos menores en Cádiz en 2021 con la sanidad privada ha solicitado la ayuda -"auxilio pericial"- de la Intervención General del Estado. Lo ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que solicita un análisis de todos los contratos que están siendo investigados, así como prórrogas y modificaciones para que pueda emitir un veredicto sobre las "irregularidades que aparecen en los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía". El Juez también ha solicitado a la Intervención que incorpore un análisis sobre si existe una causa que justifique el fraccionamiento de dichos expedientes, que alcanzan un valor de 235 millones de euros.
Este movimiento se produce después de que el juez instructor, Manuel Jesús Gómez, haya aceptado la petición del PSOE, que se persona como acusación particular, que pedía la participación de los interventores del Estado en esta causa. En este caso, están siendo investigados el responsable de compras del SAS en Cádiz y los interventores provinciales, que advirtieron en un comunicado el "abuso" de contratación menor y el "fraccionamiento" masivo de los mismos con una misma empresa y con la misma cantidad económica, tal y como ha explicado eldiario.es.
Por otro lado, otra causa se mantiene abierta en Sevilla, donde el Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla investiga el caso de los contratos de emergencia sanitarios, un modelo de contratación que permitió al SAS contratar a dedo y sin concurrencia pública ni competetiva con las empresas privadas que estimara oportuno, amparándose en el marco legal de la pandemia y derogado por el Gobierno central en 2021. Se investigan los motivos por los que la Junta de Andalucía estuvo ampliando este marco de contratación hasta 2024. En esta causa, la cifra tasada por presunta prevaricación es de 242 millones de euros.
Respecto a esta última causa, durante las últimas semanas han desfilado por los juzgados de la capital andaluza los últimos tres gerentes del SAS de Moreno Bonilla, así como altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz, estos últimos en calidad de testigo, También acudirá bajo estas circunstancias la consejera de Medioambiente, Catalina García, que fue máxima responsable de la cartera de Salud entre 2022 y 2024, y que fue la viceconsejera bajo la cual los servicios del SAS se incluyeron dentro de las modificaciones realizadas por el Gobierno andaluz para que pudiera acogerse al marco de la contratación de emergencia.
La actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, reconoció en los juzgados que ese cambio de fiscalización en los contratos del SAS se realizó tras una conversación informal que mantuvieron la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García y el viceconsjero de Hacienda, Juan Bravo, en el que presuntamente la primera le habría pedido al segundo incluir la contratación del SAS en ese cambio de norma.
No obstante, cuando se notifica al SAS que el marco para contratar había sido derogado, el Real Decreto 7/2020, los gerentes del SAS investigados, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García, por orden de antiguedad, reconocieron que desoyeron la orden de dejar de contratar por "emergencia", dado que la situación sanitaria de entonces era de "urgencia", según trasladaron los testigos presentes en el juicio y explicó ElPaís.
