El juez que investiga un presunto delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz ha dado un paso decisivo en la instrucción al solicitar auxilio pericial a la Intervención General del Estado (IGAE). El objetivo es que los interventores estatales analicen todos los expedientes bajo sospecha y elaboren informes sobre la justificación de los contratos, los precios autorizados y el posible perjuicio causado a las arcas públicas.
Según una providencia fechada el 4 de diciembre, que detalla 'eldiario.es', el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, acepta la petición del PSOE, personado como acusación popular. Los socialistas reclamaron la participación de la IGAE en una causa que afecta directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, también personado en el procedimiento como responsable civil subsidiario. El encargo pericial plantea un “análisis global e integral” de la contratación menor presuntamente fraccionada de manera irregular.
Dos frentes judiciales abiertos sobre la contratación en el SAS
La investigación de Cádiz es una de las dos causas que actualmente escrutan la contratación sin publicidad ni concurrencia en el SAS. En Sevilla, otro juzgado mantiene imputados a los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por un posible delito de prevaricación, al haber recurrido de forma reiterada a contratos de emergencia entre 2021 y 2024, pese a que el marco excepcional de la pandemia ya había decaído. Está previsto que declaren ante el juez el próximo mes de noviembre.
En Cádiz, la causa se centra en un supuesto delito de malversación relacionado con la concesión de 235 millones de euros mediante cientos de contratos menores troceados durante 2021. En esta investigación está imputado el responsable de compras del SAS en la provincia, que ya ha comparecido ante el magistrado, así como los interventores provinciales que firmaron un duro informe alertando del “abuso” de la contratación menor y del “fraccionamiento” sistemático con una misma empresa y para prestaciones idénticas.
El pasado octubre, el juez de Cádiz ya rechazó el recurso del SAS que solicitaba el archivo de la causa y acordó prorrogar la instrucción durante seis meses más. Ahora, el magistrado da un nuevo impulso al procedimiento al encargar a la Intervención General del Estado un análisis exhaustivo del volumen de contratación sospechoso.
Entre los informes solicitados destaca la determinación del daño económico causado al erario, “aun de manera aproximativa o potencial”, a partir del examen de cómo la falta —o presencia— de adecuación al procedimiento legal de contratación y el incumplimiento de los principios de publicidad, competencia y concurrencia pudieron influir en los precios o en la adjudicación de los contratos.
235 millones en el punto de mira
La investigación judicial sobre el SAS en Cádiz no surge de manera aislada, sino que se enmarca en un proceso mucho más amplio de escrutinio a la contratación sanitaria en Andalucía. Desde hace más de dos años, el SAS arrastra una creciente polémica por el presunto fraccionamiento sistemático de contratos menores, una práctica que, según informes internos, permitió adjudicar servicios a empresas concretas sin concurrencia ni publicidad. En la provincia de Cádiz, este patrón se habría repetido de manera especialmente intensa durante 2021, coincidiendo con un aumento significativo de la externalización hacia la sanidad privada.
El punto de inflexión se produjo cuando los interventores provinciales del SAS alertaron en un informe del “abuso” de los contratos menores y del “fraccionamiento masivo” de prestaciones idénticas adjudicadas a una misma empresa. Aquella advertencia dio pie a la causa penal que hoy mantiene bajo la lupa 235 millones de euros en expedientes presuntamente troceados. El responsable de compras del SAS en Cádiz figura como imputado y ya ha declarado ante el magistrado, que trata de aclarar si esta práctica respondía a una estrategia para eludir los controles administrativos y adjudicar contratos a dedo.
La causa de Cádiz avanza en paralelo a la que instruye un juzgado de Sevilla, que investiga el uso reiterado de contratos de emergencia entre 2021 y 2024, a pesar de que el marco legal excepcional de la pandemia ya había sido derogado. En esta vía están imputados los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por un posible delito de prevaricación. Ambas investigaciones dibujan un escenario de irregularidades sostenidas en el tiempo que compromete la gestión del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
En este contexto, la incorporación de la Intervención General del Estado supone un salto cualitativo en la instrucción. Los peritos estatales deberán determinar no solo si la contratación se ajustó a la legalidad, sino también el posible perjuicio económico causado al erario, un elemento clave para delimitar responsabilidades penales y civiles. Sus conclusiones serán decisivas para esclarecer si el fraccionamiento de contratos fue una práctica aislada o una metodología sistemática para adjudicar sin competencia real y con precios potencialmente perjudiciales para el sector público.
