La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares, ha rechazado conceder al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández una pensión alimenticia de 1.840 euros que éste había solicitado al considerar la magistrada que "no se acredita en modo alguno la situación de necesidad en la que dice encontrarse". Fernández solicitó dicha pensión para atender "sus necesidades más básicas" alegando que "de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia", y pidió que se fijase dicha pensión con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada. En un auto fechado este pasado miércoles y consultado por Europa Press, la juez de Instrucción número seis rechaza esta solicitud y argumenta que tampoco resulta "acreditado" la "imposibilidad" de Fernández "para ejercer profesión o trabajo con el que se pueda sustentar por sí mismo". En ese sentido, el auto recuerda que el exconsejero alegó que "tras ser despedido de su puesto de trabajo como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, le ha sido inútil todo intento de ocuparse laboralmente, habiéndosele agotado en la actualidad cualquier tipo de prestación o ayuda por desempleo, careciendo de medios económicos para atender a sus necesidades más básicas". LA AGOTARÍA EN 20 MESES Alaya razona que la concesión de dicha pensión "conllevaría que en el plazo de apenas 20 meses (menos de dos años) se agotara dicha indemnización cuyo embargo fue decretado, haciendo inútil el embargo acordado, pues no se prevé que la presente causa se encuentre resuelta definitivamente a corto plazo". Además, destaca "la cuantía de la fianza impuesta para asegurar las responsabilidades civiles que de la presente pudieran derivarse, la cual asciende nada menos que a 807.403.232,44 euros", ya que recuerda que la concesión de la referida pensión "repercutiría en perjuicio de la finalidad que se pretende en este procedimiento con las medidas de aseguramiento de bienes que se han adoptado, teniendo en cuenta la responsabilidad pecuniaria que en su día pudiera declararse en contra de este imputado y por la que se le ha impuesto fianza". Ello, añade Alaya, "hace más que necesario asegurar cuantos más bienes, especialmente dinero y efectivo, sean precisos en aras a evitar la carencia de bienes con los que afrontar una posible responsabilidad civil". Asimismo, la juez se apoya también "en la investigación patrimonial obrante en autos (...) que indiciariamente muestran un enriquecimiento ilícito" por parte de Fernández, "con una situación económica muy por encima de lo que ahora pretende hacer ver" al interesar una pensión de alimentos. CUATRO INMUEBLES "Basta con mencionar que en el año 2008 adquiriría cuatro inmuebles, dos para él y otros dos para su hijo, concluyendo dicho atestado que el patrimonio correspondiente a sus dos hijos podría imputarse al señor Antonio Fernández; todo lo cual no hace sino corroborar la innecesariedad del otorgamiento de una pensión de alimentos a favor de este imputado", sentencia la juez. Así las cosas, Mercedes Alaya concluye que "no ha lugar" acceder a la solicitud realizada por Antonio Fernández relativa a la fijación de una pensión de alimentos, y ello a través de un auto contra el que cabe recurso de reforma y subsidiaria apelación. LOS ARGUMENTOS DE FERNÁNDEZ En su escrito, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, señalaba que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández "fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo" como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, "habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social". De este modo, se le "han cerrado todas las puertas" y sus intentos de encontrar trabajo han resultado "inútiles", a lo que se suma el "agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar", por todo lo cual el exconsejero "carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas", según reza el escrito consultado por Europa Press. IMPOSIBLE ENCONTRAR TRABAJO Así, y según su abogado, al exconsejero "le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pues de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna periódica que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia". Para ello, el abogado acompaña su petición de la certificación emitida por el director provincial en Cádiz del Servicio Público de Empleo Estatal según la cual Antonio Fernández "no figura, al día de la fecha --5 de noviembre de 2014--, como beneficiario de una prestación/subsidio por desempleo". "Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición --si se considera su condición de exconsejero del Gobierno de la Junta y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado Consejo Regulador-- de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos, a tal extremo que de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia", alega. De este modo, "y por tan lamentable estado de cosas, nos vemos en la muy deplorable precisión de solicitar" del Juzgado el establecimiento de un derecho a la percepción de alimentos con cargo a la indemnización por la extinción de su relación laboral con González Byass, "cuyo importe obra en la cuenta de consignaciones del Juzgado". RELACIÓN DE GASTOS A continuación, el abogado relaciona y aporta documentación acreditativa de los gastos que el exconsejero "ha de afrontar con periodicidad mensual", como el préstamo hipotecario que pesa sobre su vivienda de Jerez de la Frontera, ascendente a 710,47 euros mensuales, los gastos de la comunidad de propietarios de dicha vivienda, de 60 euros mensuales, o el suministro de agua y basuras, de 35 euros cada dos meses. También hace alusión al gasto por el suministro de gas en su vivienda habitual, de 15 euros bimensuales, el suministro de electricidad, de 120 euros también cada dos meses, o los gastos de alimentación, vestido y consumo básico, "prudencialmente estimados en 900 euros". El letrado pide la pensión alimenticia "a principios de elemental justicia y humanidad" y "considerando que las medidas cautelares de orden real adoptadas no pueden o no deberían significar la imposibilidad de que, viéndose reducido a situación de real desamparo económico, Antonio Fernández no pueda disponer, para su pura subsistencia, de un mínimo con cargo a sus propios bienes". Todo ello, además, para "preservar la conservación de su patrimonio haciendo frente al pago del crédito hipotecario que grava su vivienda habitual", lo cual "redundará en la conservación de la garantía que dicho inmueble supone a las resultas de este procedimiento, pues de persistir los actuales impagos se producirá su pérdida por ejecución hipotecaria".