La sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), y al resto de encausados en el denominado 'caso de los asesores' promovido a instancias del también exalcalde Pedro Pacheco. En la sentencia, a la que Efe ha tenido acceso, la sala entiende que no puede acusarse de prevaricación a la exalcaldesa por la contratación de asesores, ya que para ello debería haber incurrido en "ilegalidades severas y dolorosas", algo que no está probado que ocurriera en ningún caso.

Sin pruebas suficientes
Se admite que las personas contratadas eran miembros del PSOE-A de Jerez, pero ello en sí mismo "no es prueba suficiente para concluir que los actos fueran arbitrarios de manera grosera y clara". Ello no evita que la sala advierta de que el sistema de selección que llevaba a cabo el Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral) le "repele" por ser en cierta medida "oscuro y poco controlable".

Contrataciones realizadas con acuerdo plenario
Por otra parte, se recuerda que las contrataciones se realizaron a través de un acuerdo plenario basado en el pacto de Gobierno que suscribieron PSOE y PSA, de manera que "el nombramiento y cese de estos funcionarios era libre", correspondiendo al alcalde.

Eran facultades de la alcaldesa
La sala considera que los acusados, tanto quien nombraba como quien era nombrado, "entendían que los nombramientos se ajustaban al ordenamiento y estaban dentro de las facultades del alcalde, sobre todo cuando venían respaldados por un acuerdo de Pleno". Al mismo tiempo se descarta la acusación de malversación de caudales públicos porque "en modo alguno se ha acreditado la concurrencia ni siquiera de sustracción" de esos fondos, al quedar claro en el juicio "que los nombrados desempeñaron su trabajo y cobraron por él, sin acreditarse que lo hicieran por día alguno que no estuvieran desempeñando su labor".

Pacheco no puede demostrar cantidad malversada alguna
En este sentido, "resulta revelador que la acusación", promovida por el exalcalde Pacheco, "no pueda determinar qué cantidad considera que se haya podido malversar, siendo así que centra la actividad delictiva en lo que considera creación de puestos de trabajo no necesarios".