Decepción de Podemos. Real o aparente, pero decepción ante la respuesta socialista a sus condiciones para abstenerse en la sesión de investidura de Susana Díaz como presidenta, que se celebra la semana que viene. El partido morado ha necesitado unas pocas horas para evaluar el documento del PSOE y emitir su sentencia: “No se da respuesta a las medidas planteadas por Podemos”. Fuentes de Podemos dijeron a este periódico que la impresión en el partido era que el PSOE seguía “mareando la perdiz” y que en el documento socialista había más excusas que argumentos. Aun así, lo cierto es que el documento socialista sí contiene algunas propuestas que podrían dar respuesta a las exigencias de Podemos, como el compromiso de reducir en otro 5 por ciento los altos cargos y asesores.En todo caso, el diálogo se mantiene en pie y el sábado se celebrará una nueva reunión entre los dos partidos para seguir hablando de la investidura de Díaz, que hoy por hoy solo cuenta con los –insuficientes– 47 votos de los diputados socialistas.Tras la renuncia de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que era el primer punto de los tres planteados por Podemos, el PSOE debía dar respuesta a los otros dos: reducción drástica de altos cargos y asesores para contratar personal sanitario y educativo y ruptura de acuerdos con entidades bancarias que, contraviniendo la jurisprudencia europea, desahucian a familias sin alternativa habitacional.NO LO HACEN PORQUE NO QUIERENEn relación a la propuesta relacionada con la banca y la vivienda, la opinión de Podemos sobre la posición socialista no puede ser más pesimista: “El cambio de las cuentas corrientes de las administración pública –señala el partido en una nota oficial– no requiere de ninguna Ley que lo autorice de la misma manera que no hay ninguna ley que le haya dicho a la Junta dónde tiene que tener abiertas las cuentas bancarias que actualmente existen. Si no lo hacen es porque no quieren”.En cuanto a la última exigencia, relativa a asesores y cargos públicos, el documento del PSOE no convence nada a Podemos: “Se dice que se ha recortado, pero no se facilitan los datos del personal directivo del la administración paralela, ni su número ni su sueldo. Este dato debería conocerse en función de las propias normas de transparencia que actualmente existen”.Podemos también incluía este complemento a su exigencia inicial de dimisión de Chaves y Griñán: debe haber “una ampliación de la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos en los casos de apropiación indebida que hayan beneficiado a los mismos”. Podemos se queja de que el PSOE no responde a esta interpelación. Fuentes socialistas dijeron a este periódico que entendían que ese primer punto relativo a los expresidentes estaba solventado, dado que Podemos se había dado por satisfecho con su retirada de la vida pública.SOBRE LA REDUCCIÓN DE ALTOS CARGOSUna lectura detallada del documento remitido a primera hora de la tarde de este jueves por los socialistas arroja ciertas dudas sobre las razones de Podemos para haber emitido un dictamen tan negativo.De hecho, sobre los asesores y altos cargos de la Junta el documento del PSOE sí ofrece muchos datos, algunos de ellos de no escasa relevancia, entre ellos varias tablas con la relación de altos cargos, sus sueldos y la reducción salarial de los últimos años.Según los datos ofrecidos por el PSOE, de 2008 a 2015 se ha pasado de 316 a 218 altos cargos en la Junta de Andalucía, con un ahorro de 8.187.015,60 euros. “De la misma forma –dice el documento– se han reducido 42 puestos de personal eventual con un ahorro de costes de 2.154.203,01 euros, y en el período de 2011 a 2015 se ha reducido el número de directivos de entes instrumentales en un total de 263 puestos que han conllevado un ahorro de 10.631.116 euros”.¿UN 10 POR CIENTO O UN 0,13 POR CIENTO?Desde luego, las cuentas socialistas no se parecen en nada a las cuentas de Podemos. Esto dice el PSOE al respecto: “En la propuesta se hace una ponderación equivocada del porcentaje que supone respecto al gasto de personal el coste de altos cargos y directivos. Se afirma que supone un 10% del coste y la cifra real no se aproxima ni mínimamente a ese porcentaje”.Según los datos socialistas, los altos cargos le cuestan a la Junta 12,38 millones de euros, un 0,13 por ciento del gasto total de personal. En 2008 el gasto era de 18,66 millones y el porcentaje, del 0,19: la reducción ha sido del 33,62 por ciento. En cuanto al personal eventual, el documento del PSOE lo cifra en 4,45 millones de euros, un 0,05 por ciento del gasto total tras una reducción con respecto a 2008 del 17,21 por ciento.Igualmente, el PSOE ofrece el dato de que de un total de 92 directores generales o asimilados, 53 son funcionarios (57,61%) y de un total de 38 delegados territoriales o asimilados, 20 son funcionarios (52,63%).CUIDADO CON LA TECNOCRACIAA este respecto alertan de que “el papel de los funcionarios en la Administración es muy importante desde su profesionalidad y en garantía de la legalidad para ejecutar las políticas que debe diseñar el Gobierno legitimado por las urnas. Confundir una cosa y otra lleva a la tecnocracia”.Los socialistas también sostienen que los recortes en empleados públicos han sido prácticamente insignificantes en Andalucía, donde “no ha habido marea blanca ni deterioro de nuestro sistema educativo”. En estos términos lo explica el documento: ”El personal docente no universitario desde julio de 2012 hasta julio de 2014 ha descendido por jubilaciones en 4.688 efectivos, un 2,48 por ciento. No se han podido cubrir estas jubilaciones, por la limitación del Gobierno central a la tasa de reposición del 10%, y se ha paliado mediante la contratación de personal interino en 1.101 efectivos”.En cuanto al personal de instituciones sanitarias, “se ha incrementado un 3,81 por ciento por el saldo positivo entre la contratación de 8.740 trabajadores temporales desde el inicio del periodo analizado y el descenso de 4.713 trabajadores fijos”.NUEVOS RECORTES DE ALTOS CARGOSEn todo caso, en el documento hay un compromiso expreso para el futuro: “Avanzar en la racionalización y reestructuración del sector público de entes de forma que puedan refundirse un 5% de los existentes a esta fecha, así como una reducción del 5% de altos cargos y personal directivo de entes públicos y el 5% de los eventuales”.Entre las líneas rojas marcadas por el PSOE de cara a futuros recortes o reformas, las principales son estas tres: que la reestructuración que se plantee no suponga menoscabo de la calidad del servicio que se presta; que no se contribuya por esta vía a la privatización de servicios esenciales como ha sucedido en otros territorios; y que se garantice que las entidades que realicen funciones que impliquen el ejercicio de autoridad cuenten con funcionarios públicos suficientes para garantizar su ejercicio.BANCA Y VIVIENDASobre la banca y la vivienda, el documento socialista es más cauto, entre otras cosas porque formula la siguiente enmienda a las propuestas de Podemos: “Las Administraciones tienen que actuar conforme la ley reguladora de su actividad prescribe. Por lo tanto, si la medida no está prevista en la norma hay que modificarla para que se pueda aplicar”. Entienden por tanto los redactores del documento que “cualquiera que sea la regulación tendrá que respetar tanto la normativa del Estado que tenga carácter básico como la regulación comunitaria, bastante profusa y determinante en lo que se refiere a contratación pública, prestación de servicios, competencia y entidades financieras”.El PSOE hace además una cerrada defensa de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, impulsada por sus socios de Izquierda Unida y que “contiene medidas muy avanzadas”, si bien está parcialmente bloqueada por el recurso presentado por le Gobierno ante el Tribunal Constitucional.OTROS COMPROMISOSEntre los compromisos de los socialistas en esta materia es relevante una futura “prohibición normativa a fin de impedir que las viviendas del Parque Público de la Junta de Andalucía puedan ser vendidas a fondos buitre”. También se comprometen a combatir las prácticas abusivas en materia de préstamos hipotecarios, como incluir en el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias “medidas para promover que las entidades financieras incluyan en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo”. Paralelamente, “se incluirán en las condiciones generales o específicas de las contrataciones que realice la Administración con las entidades financieras la obligación de adherirse al Sistema Arbitral de Consumo y al Sistema de Mediación”.