El caso de la Trama Eólica fue descubierto por la Agencia Tributaria. Durante la instrucción se investigaron 99 parques eólicos y su implantación entre 2003 y 2013, bajo el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera. Están investigadas 17 personas, entre ellas, el viceconsejero de Economía Rafael Delgado.

La trama operaba de la siguiente forma: se exigía a las grandes promotoras de los parques que permitieran participar a empresas locales en los proyectos para darles la autorización. De esta forma, se favorecían empresas con las que la Junta tenía una relación estrecha y, una vez asociadas con las eléctricas, vendían sus partes más caras de lo que les había costado. Las mordidas se cifran en 75 millones de euros.

El pasado 24 de mayo se retomaron las comparecencias en la comisión de investigación de la Trama Eólica con el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán, el exdirector financiero de ADE, Francisco Armero y el presidente de la Gesternova Energía, que presidió la Asociación de Empresas de Energías Renovables entre 2004 y 2012, José María González Vélez.

Este caso de corrupción se destapó en 2015, coincidiendo con el año en el que Castilla y León se posicionó como la mayor potencia eólica de España, con 5.560,01 megavatios instalados -el 24,2% del total nacional-, según los datos de la Red Eléctrica Española (REE). Se destapó por una inspección de la Agencia Tributaria a algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades. El sistema que se seguía para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León (gobernada por el Partido Popular), a las eléctricas y a una serie de empresario locales.

Según los informes de la Agencia Tributaria y las declaraciones de distintos testigos e imputados, en Castilla y León se autorizaron parques eólicos a las eléctricas que formaron una sociedad mixta con empresarios locales. De esta forma, los parques que durante años habían permanecido paralizados conseguían permisos cuando en las acciones entraba una compañía de la región.

Para ello, la Consejería de Economía manejaba una lista con los empresarios -del sector de la industria, la construcción o la alimentación- con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguido, la eléctrica se hacía la totalidad de la sociedad mediante la compra de acciones, dejando a los empresarios con el único papel de su figuración, ya que no realizaban ningún trámite.

17 personas encausadas

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictó el pasado mes de marzo un auto en el que encausaba a 17 personas por esta trama de corrupción por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Entre estas 17 personas se encuentran ex altos cargos de la Junta.

Así, figuran nombres como Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía; Alberto Esgueva, exconsejero delegado de ADE Internacional-Excal y su hermano Francisco Esgueva, expresidente de Cementos La Bureba y del Parque Empresarial de Portillo, en Valladolid; Andrés Martín de Paz, exadministrador de Villardefrades Eólica; Germán Martín Giraldo, exadministrador de Urban Proyecta; y los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz. El empresario Patricio Llorente Muñoz también guarda un parentesco con el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya que es su cuñado.

Además, el instructor ha abierto una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por un posible delito de blanqueo de capitales por presunto desvío de fondos a otras sociedades residentes o con destino desconocido.

Comisión de investigación en las Cortes

En las Cortes de Castilla y León se ha desarrollado una comisión de investigación para determinar lo ocurrido en esta trama, aunque este año ha dado un vuelvo. La fallida moción de censura presentada por los socialistas contra el Gobierno de Mañueco e Igea provocó la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Cs y, con ello, la pérdida de la presidencia de esta comisión de investigación.

El PSOE ha sido quien se ha hecho con la presidencia, en concreto con Ana Sánchez, arrebatándosela al procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado. Los socialistas han mostrado su empeño en detallar y esclarecer lo sucedido en esta trama de corrupción​, aunque han lamentado que sean ellos, junto a Podemos, los únicos interesados. “Parece que el PSOE y Podemos somos los únicos que acudimos a la comisión para saber de verdad qué pasó. El PP solo está preocupado de que no nombren a Mañueco y Ciudadanos por ver si esta trama se da en otras comunidades autónomas”, subrayaba la socialista Patricia Gómez.