Tal y como ha comunicado la plataforma, encuentra en este nuevo organismo como una fachada, que se pinta con justificaciones basadas en la agilización de trámites y la reducción de plazos, para ocultar la intención de establecer un "control político" por parte del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, entendiendo que se vacía de contenido la participación social y que "aleja el urbanismo de su función constitucional que es garantizar el interés general y el derecho a una vivienda digna".
Según apuntan los ecologistas madrileños, el proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, da lugar a una normativa que "coloca la inversión privada y la lógica del mercado en el centro de la planificación territorial, relegando la dimensión social, ambiental y democrática del urbanismo". Así, entienden que con la introducción de estos cambios, no solo la ciudadanía perdería su papel, sino que los ayuntamientos, quienes ostentan la titularidad urbanística, dejarían de tener poder sobre este ámbito para dar lugar a un "mecanismo que amenaza con duplicar trámites, generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a la opacidad".
En este sentido, la plataforma entiende que se sigue promoviendo el concepto de ver el urbanismo como una inversión y no como un derecho, basándose en el preámbulo del decreto de creación de esta Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, donde se expone una "supuesta necesidad de atraer inversiones y evitar retrasos". No obstante, los ecologistas echan de menos que, además de pensar en las posibles inyecciones económicas, no se aborden "las causas estructurales de la lentitud administrativa ni refuerza los servicios técnicos responsables de los expedientes. La consecuencia es clara, se subordina el planeamiento al interés económico inmediato, olvidando el mandato del artículo 47 de la Constitución y de la Ley de Vivienda de 2023, que vinculan la ordenación del territorio a la función social del suelo y al derecho a un hogar digno".
Uno de los mayores peligros que encuentra la plataforma, tal y como han comunicado, se encuentra en la posible pérdida de la legitimidad democrática. Una conclusión que alcanzan al atisbar que este nuevo organismo que se pone en marcha se trata de órgano colegiado compuesto casi exclusivamente por viceconsejerías autonómicas. Es por ello que a sus integrantes les resulta especialmente preocupante que los ayuntamientos "queden relevados a un papel secundario y discrecional", provocando todavía más desconcierto a los ecologistas que "la sociedad civil, asociaciones vecinales, ecologistas o colectivos profesionales ni siquiera vaya a tener cabida. En su lugar, se prevé la posible participación de 'asesores técnicos externos', un concepto indeterminado que podría abrir la puerta a intereses privados en la toma de decisiones urbanísticas".
De ahí que la plataforma se encuentre realizando un enérgico ejercicio de denuncia de esta situación, pues considera que esta exclusión planteada no hará sino llevar a "un modelo centralizado y vertical, contrario a la autonomía local reconocida en la Constitución y a las obligaciones legales de participación ciudadana. Lejos de aportar agilidad, introduce más niveles de decisión política, resta capacidad a los técnicos municipales y crea un filtro opaco que puede condicionar proyectos al margen del interés general".
Invasión de competencias, opacidad y lejana de los ciudadanos
Todos estos son conceptos que la Plataforma Ecologista Madrileña subraya van a estar presentes en el funcionamiento de esta Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. De hecho, apuntan a que "aunque formalmente la adhesión de los ayuntamientos se presenta como voluntaria, el diseño normativo apunta a una imposición encubierta que vaciaría de contenido la competencia local en materia de planeamiento". No solo plantean serias dudas en torno a la verdadera capacidad de decisión que podrán tener los ayuntamientos, sino que, también, encuentran una ausencia de garantías de transparencia pues alegan que este organismo "no prevé la publicación de actas, acuerdos ni deliberaciones del órgano, lo que vulnera la normativa autonómica de transparencia y refuerza la percepción de que se trata de un instrumento de control político al servicio de intereses inversores".
Además, puntualizan que encuentran especialmente grave que se plantee una disposición que convierta en "de especial relevancia" cualquier proyecto previamente declarado de interés por la Aceleradora de Inversiones, algo que afirman ocurrirá "sin audiencia a los afectados ni control ciudadano". Un conglomerado de circunstancias que definen como una "puerta trasera que subordina el urbanismo a decisiones económicas ya tomadas, confundiendo proyectos privados con planeamiento público".
Petición de retirada
La Plataforma Ecologista Madrileña formada por las la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, concluye que el proyecto de Decreto presenta deficiencias estructurales graves: debilita la autonomía municipal, erosiona el derecho de participación ciudadana, desplaza la función social del urbanismo y lo reduce a un mero instrumento de atracción de capital privado. Por todo ello, solicita su retirada inmediata y la apertura de un proceso participativo que "aborde de verdad las necesidades de los municipios y de la ciudadanía madrileña en materia de urbanismo, vivienda y territorio".
