Las afirmaciones tajantes en política suelen durar muy poco tiempo, concretamente el que tardan en volverse en contra del que las ha pronunciado. Al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sugería a Mariano Rajoy una cuestión de confianza si no conseguía sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), le está pasando factura ahora que no consigue actualizar sus cuentas. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), ha enarbolado la misma bandera y ha asegurado que, de alcanzar la presidencia, “disolvería” el Parlamento si no es capaz de aprobar las cuentas después de una prórroga, marcando el camino a tres de sus presidentes autonómicos que están al borde de dicha situación.
Génova se vanagloria de predicar con el ejemplo, lo que hace pensar que el líder de la oposición exigirá a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Jorge Azcón, presidente de Aragón, y María Guardiola, presidenta de Extremadura, que disuelvan las Cortes autonómicas y convoquen elecciones si no consiguen aprobar sus Presupuestos para 2026, dado que los de este año ya son una prórroga de los de 2024. Es más, esta congruencia debería darse casi por segura, puesto que Feijóo ha llegado a proponer hace escasas horas una ley obligue directamente a esta disolución.
"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que, cuando un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha pronunciado el político gallego. Es más, el expresidente de Galicia considera que "si un Gobierno no tiene respaldo suficientemente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir". ¿Aviso a navegantes o un nuevo ejemplo del famoso refrán español: consejos vendo, que para mí no tengo?
El PP tampoco aprueba ceder ante Vox
La alternativa para Mañueco, Azcón y Guardiola podría ser ceder ante todas las peticiones machistas y racistas de Vox, como han hecho sus homólogos conservadores en la Comunidad Valenciana (Carlos Mazón), Baleares (Marga Prohens) o Murcia (Fernando López Miras). Cerrar centros de migrantes, no acoger menores, beligerancia contra los extranjeros o atacar a los sindicatos son algunas de las tesis, a más de otras que comparten abiertamente (eliminación de políticas contra la violencia de género, exaltación del franquismo y eliminación de la memoria democrática o atacar al colectivo LGTBI), que tuvo que comprar el PP en estos territorios y que ya han hecho propias a nivel nacional.
No obstante, aceptar estos pretextos tampoco está bien visto por parte de la dirección del Partido Popular. O por lo menos así se deduce de las palabras de su vicesecretario de Hacienda. Juan Bravo ya prepara el terreno por si Sánchez consigue finalmente sacar adelante los PGE y es necesario un triple carpado para sostener el argumento de “inconstitucional” e “ilegitimo” con el que la oposición ataca al Gobierno desde su Constitución. "Si se aprueban los Presupuestos será porque los socios le van a sacar lo que no podemos ni imaginar", aludía el conservador a la posibilidad de que las Cuentas vean la luz.
Si bien pude ser que las cesiones inimaginables a los socios se apliquen solo al Ejecutivo nacional, en este caso también; o que relacionar inmigración con delincuencia y negar el Pacto Verde europeo, ambas tesis con las que Mazón consiguió ganarse la felicitación de Santiago Abascal, no constituyen un movimiento que “no pudiésemos imaginar” que antes o después realizase el PP. Sea como fuere, los tres barones expuestos por Feijóo no gozan de la mayoría absoluta de la que si disfrutan otros compañeros; por lo tanto, si no quieren cumplir con Feijóo y disolver las Cortes, deberán decidir cuál de las dos líneas rojas impuestas por la dirección nacional incumplen: gobernar sin presupuestos actualizados desde hace dos años o arrodillarse ante el socio ultraderechista.
Sánchez tampoco cumple
Desde luego, Sánchez tampoco da cumplimiento a la exigencia de Feijóo, diseñada a medida para el jefe del Ejecutivo y sin pensar en su traslación autonómica. El actual Gobierno de coalición se encuentra con los Presupuestos de 2023 prorrogados. De cara a 2024, la convocatoria de elecciones generales de 2023, de la que no sabía cuál sería el resultado que emanaría, eximieron a los socialistas de presentar las Cuentas y, cuando reeditaron la victoria y conformaron una nueva coalición, optaron por la prórroga en vez de llegar muy tarde a su definición, aludiendo también a las elecciones catalanas que se anunciaron a comienzos del pasado año.
“Lo sensato es trabajar en los presupuestos de 2025”, trasladó en aquel momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, estos tampoco han llegado ni van a hacerlo ya y ahora se apunta al 2026 y, cumpliendo con la ley, la propuesta debería estar presentada el 1 de octubre. Independientemente de la fecha, el Ejecutivo se ha comprometido a presentarlos, esta vez sí, aunque no cuente con los apoyos suficientes. Y si no salen Sánchez ya ha garantizado que seguirá adelante con su “hoja de ruta”.
