Tras haber agotado ya la mitad de la legislatura, el Gobierno de España sigue teniendo una asignatura pendiente: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No ha sido por no intentarlo, ya que las conversaciones y conatos para sacarlos adelante han sido interminables, pero las exigencias de todas las formaciones son muy difíciles de entretejer. Las últimas en tirar de las orejas a Moncloa han sido Podemos, a colación del aumento del gasto en defensa impuesto desde la OTAN, y Junts, que asegura que no se sentará a negociar si no se ejecutan las partidas presupuestarias pendientes de ejercicios anteriores. Ante este panorama, el Ejecutivo ha decidido dejar el asunto en stand-by y recuperar las conversaciones a la vuelta de vacaciones, en el mes de septiembre.
Hace apenas unas semanas, las intenciones del Gobierno parecían otras, en tanto que la intención era ponerse manos a la obra con la 'Operación Presupuestos' antes de las vacaciones. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, aseguraba que "se estaban dando los primeros pasos", a pesar de que la prórroga alcanza ya los dos años. No obstante, el Congreso ha tumbado todas las intentonas llevadas a cabo desde el Ejecutivo, y con los nuevos roces con progresistas y juntaires, el panorama vuelve a ser complicado pese al entusiasmo.
El horizonte parece complicado a vista de las exigencias de los socios, pero desde Moncloa ya han expresado su deseo de que, esta vez sí, a partir de septiembre, sea la definitiva. Que salgan o no adelante dependerá únicamente de la capacidad que tengan los socialistas de llevar a su terreno a los socios. Los ánimos, no obstante, están tranquilos, y tampoco parece existir el temor a que un naufragio del proyecto presupuestario conlleve un adelanto electoral. "Las legislaturas duran cuatro años", advirtió Sánchez mientras repasaba la buena marcha del país en el plano macroeconómico. Vistas las cosas, no es el escenario idílico para Moncloa por la tensión con los aliados, pero se ven con capacidad para recomponer los puentes, especialmente teniendo en cuenta que la alternativa es la figura de Alberto Núñez Feijóo, que salvo el de la ultraderecha, no goza de ningún respaldo real en la Cámara Baja. Por todo ello, la cuestión presupuestaria vuelve a tomar un breve letargo hasta que se acabe el calor de agosto.
Las exigencias de Junts y Podemos complican las cuentas
El convencimiento del Gobierno de presentar las cuentas antes de 2026 se está viendo complicado por las exigencias de los socios. Las más recientes, las de Podemos: su portavoz nacional, Pablo Fernández, expresó recientemente que sus cuatro diputados, cruciales aritméticamente en un Parlamento tan apretado, no aceptarán ningún aumento en el gasto militar para alcanzar el 2,1% del PIB, compromiso adquirido por Sánchez con la OTAN.
A ello, los morados sumaron su postura con el genocidio palestino y la política de vivienda, urgiendo al Ejecutivo a tomar medidas más valientes si querían ganarse su apoyo en el proyecto de cuentas. Fernández, de hecho, calificó esta urgencia de Moncloa como una "excusa" estratégica para tener que adelantar las elecciones y tapar casos de corrupción como el de Ábalos y Santos Cerdán. "No cuenten con nuestros votos si se eleva un céntimo el gasto militar, si no se rompen las relaciones diplomáticas con Israel y si no se baja un 40% el precio de los alquileres", agregaron.
Junts, por su parte, se atiene a cuestiones económicas y asegura que ni siquiera perderá el tiempo en sentarse a negociar si no se ejecutan las partidas anteriores, cuantificadas en aproximadamente 50.000 millones de euros. "Antes de sentarse a negociar los Presupuestos para 2026, pedimos que se acredite el cumplimiento de los presupuestos anteriores; y lo que no se haya ejecutado, que se compense a la Generalitat vía transferencia. Si no, no hace falta hablar de los presupuestos de 2026", argumentan, añadiendo además que se cumplan todos los beneficios de la ley de amnistía y que se continúe con la presión para incluir el catalán como una de las lenguas oficiales en la Unión Europea. En definitiva, la premisa de los neoconvergentes es sencilla: "Primero pagar y después negociar".
Por otra parte, la persona encargada de matizar la fecha en la que Moncloa volverá a intentar sacar adelante los presupuestos sería el mes de septiembre fue la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. No obstante, no pudo despejar la principal duda alrededor de toda esta cuestión: en quién se apoyarían para hacerlo. "No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad para poder aprobarlas", expresó. Los socios habituales del Gobierno están dispuestos a negociar esos Presupuestos para 2026, pero las exigencias que plantean de entrada complican las conversaciones y son casi las mismas que ya complicaron la situación en 2025.
ERC, Sumar y el PNV, en las tierras medias
Por su parte, el resto de socios (Sumar, ERC y el PNV) también están enrocados en sus exigencias. En ERC siguen pendientes de la financiación singular para Cataluña e indican que para asumir nuevos acuerdos el PSOE debería "cumplir con los compromisos anteriores", refiriéndose especialmente a la recaudación del IRPF.
El PNV, por su parte, es la formación que más predisposición a sacar adelante unos nuevos presupuestos ha demostrado durante toda la legislatura, por lo que lo lógico sería que se mostraran abiertos a negociar si se presenta la oportunidad. No obstante, Aitor Esteban, su presidente, ha valorado que se está conformando una "mayoría negativa" en el Parlamento y que valorarán "partido a partido" cómo evoluciona la situación.
Por último, en Sumar están surgiendo cada vez más matices relacionados con el gasto social y territorial. Las formaciones regionales que integran el conglomerado magenta barren para casa y destacan que su objetivo es defender los intereses de los territorios a los que representan, como es el caso de Compromís y Valencia.
