El gobierno catalán aprobó en el último minuto un decreto-ley para escenificar su oposición a la sentencia del TSJC que obliga a los centros a introducir un mínimo del 25% de horas lectivas en lengua castellana. El plazo para cumplir con la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo expira este martes y la Generalitat ha optado finalmente por decirle a los jueces que no hace falta la aplicación de ningún parámetro matemático para cumplir las leyes vigentes y el objetivo del pleno dominio de las dos lenguas en las escuelas catalanas. El texto parece una invitación clara al TSJC para que recurra al Tribunal Constitucional para desenredar la madeja de cómo verificar la presencia suficiente del castellano en los proyectos pedagógicos de cada centro para asegurar el objetivo del conocimiento satisfactorio de ambas lenguas. La judicialización de la política no cesa.

Pere Aragonés, empujado por sus socios de Junts, ha optado por una desobediencia sui géneris, ha lanzado la pelota hacia adelante, esperando acontecimientos y ganando todo el tiempo que pueda hasta enfrentarse a un hipotético requerimiento o la aceptación por parte del tribunal de la propuesta global que conforman la ley aprobada por el Parlament y el decreto-ley aprobado por el gobierno.

El decreto-ley va un poco más allá de la ley recientemente aprobada en el Parlament por ERC, Junts, PSC y En Comú Podem. Dicha ley rehúye la referencia a los porcentajes y reconoce al catalán el carácter de lengua vehicular y al castellano la condición de lengua curricular, sin que los redactores de la ley hayan sabido explicitar satisfactoriamente la diferencia entre uno y otro adjetivo que más bien parecen sinónimos. De todas maneras, los tres partidos de la derecha españolista (Vox, Ciudadanos y Vox) mandaron inmediatamente el texto al Consell de Garanties Estatutàries alargando los plazos de su entrada en vigor y acelerando la urgencia del decreto-ley aprobado este lunes.

En el decreto-ley no se discute si la presencia de un mínimo de 25% de castellano en la escuela es poco o mucho, sino que se defiende la tesis de que la implantación de un porcentaje concreto sería anti pedagógico. La decisión del equilibrio de las dos lenguas oficiales para cumplir con los objetivos finales de la legislación vigente (que no se discuten) corresponde fijarlo centro a centro, según las circunstancias socio-lingüísticas de cada caso, y con la aprobación final del Departamento de Educación.

El futuro del decreto-ley es incierto, al margen de la reacción del TJSC en cuanto finalice el plazo dado para el cumplimiento de la sentencia. En el plazo de un mes, el decreto-ley deberá ser avalado o rechazado por el Parlament y el PSC ya ha anunciado, aun afirmando no conocer la literalidad del texto, que no cuenten con ellos. Las sentencias deben cumplirse, ha afirmado su portavoz. La CUP tampoco está por la labor, aunque por motivos contrarios a los de los socialistas.

Los anti-sistema son de la opinión que tanto la ley como el decreto-ley no proponen ninguna desobediencia al TSJC, todo lo contrario; al no proclamar el monolingüismo escolar del catalán lo que hacen en la práctica, según la CUP, es asentar el bilingüismo. Este lunes, su portavoz Carles Riera ha anunciado la ruptura de relaciones con el gobierno de ERC-Junts, no sólo por tanta contemporización con el castellano, sino también por haber eludido el presidente de la Generalitat la moción de confianza que les prometió a cambio de haber facilitado su investidura.  

En Comú Podem no se ha pronunciado todavía respecto de su apoyo parlamentario al decreto-ley. A diferencia de los socialistas, los comunes sí que han mantenido contactos con el gobierno de ERC-Junts sobre su redacción, pero mantienen la incógnita, seguramente para esperar la reacción del tribunal el próximo miércoles.