El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, está muy satisfecho con el trabajo de su gobierno de coalición ERC-Junts, según afirmó en la presentación del balance del primer año. La comparecencia fue compartida con el vicepresidente Jordi Puigneró, que no se desvió un milímetro de las posiciones expresadas por Aragonés, de tal forma que el presidente pudo proclamar que en su gobierno “se trabaja cómodamente”. Puigneró se guardó de mencionar la auditoría que su partido está preparando sobre el funcionamiento del ejecutivo catalán en la que los desacuerdos aflorarán más alegremente. Las estadísticas de gestión presentadas se corresponden a un gobierno triunfal. En cuanto a la política general, reina la desconfianza frente al gobierno de Pedro Sánchez, la esperanza ante el cambio de dirección de Junts y el desánimo definitivo en cuanto a la colaboración con la CUP.

La gran aportación de Aragonés a la presidencia de la Generalitat es el haber puesto final a la etapa de histrionismo institucional de Quim Torra y haber enterrado la política de la desobediencia, a pesar de dejar aflorar de vez en cuando alguna amenaza verbal para mantener viva la ilusión. Los resultados de su manera de hacer política son todavía escasos, salvo en las estadísticas de gestión. Según los datos oficiales, el gobierno habría cumplido con un tercio de su programa de investidura. En las políticas educativas, en las que más, un 43%; una satisfacción que contrasta con la contestación con la que se topa el Departamento de Educación en casi todos los frentes, huelgas incluidas.

Estadísticas al margen, Aragonés está enfrentado seguramente a su mayor reto y al del país en general: la respuesta a la sentencia del 25% de castellano en la escuela catalana. La trascendencia de ese desafío es en la práctica mucho mayor que el transcurrir cansino de la mesa de negociación de la que pocos esperan nada, pero que en todo caso, está mucho peor ahora que hace un año por la desconfianza acumulada por el caso Pegasus; o que el futuro de la candidatura de los JJ.OO de Invierno, sobre la que se discute mucho en el COE, tal vez inútilmente, puesto que nadie sabe si va a contar con la aprobación de los poquísimos catalanes llamados a decidir.

El presidente de la Generalitat confirmó en su comparecencia que se va a responder a la sentencia del TSJC y a su reciente apremio para que se cumpla inmediatamente el porcentaje de castellano en el horario lectivo con dos iniciativas. La más inminente, una propuesta de ley para reafirmar la política de la inmersión lingüística y a la vez abrir formalmente la puerta a su flexibilización sin contemplar, sin embargo, ningún porcentaje de castellano; y, posteriormente, un decreto para instruir a los centros sobre el método para intentar paliar los efectos de la sentencia escuela a escuela. Ninguna de estas dos medidas evitará que la sentencia siga vigente, lo que anuncia una larga secuela de incidencias judiciales promovidas por el minúsculo (pero animoso) grupo de familias alarmadas por la hipotética desaparición de castellano en las aulas.

La clave de todas las iniciativas impulsadas por el gobierno Aragonés es aparentar que no se hace caso a la sentencia, pero evitando caer en la desobediencia. La ley responderá al espíritu de la sentencia, el castellano no puede ser un idioma testimonial en los planes de centro porque las leyes vigentes exigen un conocimiento adecuado de catalán y castellano al final de los estudios, pero no recogerá el porcentaje establecido por el TSJC por considerarlo una intromisión judicial en terreno pedagógico y una decisión política del tribunal.

Junts ha forzado a ERC a desdecirse del pacto inicial con PSC y Comunes. Y el PSC se la juega al intentar mantener el consenso sobre la nueva ley de inmersión, confiando en que su adecuación a la realidad actual (el castellano supera en muchos centros el 25%) acabe imponiéndose como una política acertada. La debilidad de Ciudadanos y el PP favorece a la determinación de los socialistas de mantenerse en el acuerdo y, en consecuencia, en la centralidad política.

Sobre el resto de las materias, o sea, la relación con el gobierno del estado para solucionar el conflicto político que tiene paralizado al país, Aragonés no se llama a engaño, a pesar de sus animosas frases sobre la inevitabilidad de la amnistía y el referéndum. “Desde los indultos apenas se ha avanzado”, admitió, justamente cuando el Tribunal Supremo modificaba su criterio sobre los recursos presentados contra los indultos a los líderes del Procés y se pronunciaba dispuesto a estudiarlos. En su relación con el gobierno Sánchez, ya es tradicional que el presidente de la Generalitat atribuya toda la parálisis a la parte estatal, dado que las exigencias de los representantes independentistas se consideran definitivas, por tanto, inamovibles.

La mesa ni siquiera es, a día de hoy, una prioridad como en otros momentos. Aragonés se ha sumado en este sentido a la tesis deslizada por Oriol Junqueras, quien dejó caer no hace mucho, que a lo mejor la actual mesa de negociación no sirve y hay que organizar otra, sin dar más detalles. El caso es que las escuchas telefónicas de Pegasus, (escuchas masivas en Cataluña, en el lenguaje oficial del independentismo) han desatado una ola de desconfianza que amenaza, teóricamente, con arrasar con todo, comenzando por el gobierno Sánchez. De todas maneras, con el paso de las semanas, la cabeza de la ministra de Defensa ha dejado de ser imprescindible, insistiendo ahora Aragonés que lo prioritario es la transparencia en la gestión de esta crisis de espionaje y la obtención de garantías de que esto no va a repetirse.